TEESLP valida elección del Poder Judicial local

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) ratificó la validez del acuerdo del CEEPAC mediante el cual se asignaron las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, pese a que varios de los perfiles designados no alcanzaron el promedio mínimo requerido por la Constitución.

Las impugnaciones fueron presentadas por personas que participaron en el proceso de selección, incluido el magistrado Juan Paulo Almazán. Argumentaron que cinco de las personas nombradas no cumplían con el promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura en Derecho. Entre los señalados están Arturo Morales Silva, Juan David Ramos Ruiz, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, José Luis Ruiz Contreras y Mónica Kemp Zamudio. Además, se cuestionó la elegibilidad de Ruiz Contreras por haber sido fiscal estatal un año antes.

La mayoría del Pleno desechó los argumentos. Consideró que, aunque el CEEPAC sí debía verificar los requisitos, el acuerdo no fue impugnado en su momento, por lo que asumieron su validez. Además, las magistradas que respaldaron el proyecto argumentaron que, según las reformas al Poder Judicial, quienes ya formaban parte del sistema de justicia podían ser postulados sin volver a acreditar requisitos como el promedio.

Durante el análisis del caso, se solicitó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el promedio de calificaciones de las personas electas. Cuatro de ellas no alcanzaron la calificación requerida: Santiago Hernández (7.58), Morales Silva (7.91), Ruiz Contreras (7.91) y Kemp Zamudio (7.88). Solo Ramos Ruiz cumplió con un 8.68.

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El magistrado Sergio Iván García Badillo votó en contra y sostuvo que, con esos promedios, los nombramientos debieron ser anulados. 

Consideró que el tribunal ignoró pruebas clave y que se violó lo establecido en el artículo 116 constitucional, que exige cumplir con ese criterio académico para ocupar una magistratura.

En el caso de Ruiz Contreras, el Pleno concluyó que no había impedimento legal para su designación, y que su paso reciente por la Fiscalía no afectaría su imparcialidad, pues existen mecanismos como la excusa o recusación para evitar conflictos de interés.