EXCLUSIVA: La UASLP ya solicitó rescisión de contrato con Distribuidora VEM

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ya presentó la solicitud formal para terminar de manera anticipada el contrato de arrendamiento firmado con Distribuidora VEM S.A. de C.V., tras el escándalo revelado por este medio. Así lo confirmó en exclusiva el rector Alejandro Zermeño Guerra.

El rector detalló que "hoy se presentó la solicitud de terminación anticipada del contrato por incumplimiento" y que, según el equipo legal de la universidad, "la empresa tiene 30 días para responder y entregar la propiedad; de lo contrario, se procederá con una demanda".

Un contrato bajo la lupa

El contrato fue autorizado por el Consejo Directivo Universitario en noviembre de 2023 y firmado el 12 de abril de 2024. Establecía el arrendamiento por 20 años de un terreno de 46 mil metros cuadrados a cambio de 3.4 millones de pesos anuales. A cambio, la empresa construiría un centro deportivo que, al final del plazo, pasaría a ser propiedad de la UASLP.

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Sin embargo, lo que VEM presentó fue otro proyecto: un desarrollo comercial llamado Distrito Santa Fe, donde solo el 10% del terreno se destinaría a instalaciones deportivas. El resto sería ocupado por más de 70 negocios, incluidas tiendas ancla y una concesionaria de BMW.

Además del cambio de uso, expertos inmobiliarios advirtieron que la renta pactada era muy baja. En 20 años, la universidad recibiría 65.5 millones de pesos, mientras que el valor real del terreno, según estimaciones, podría alcanzar hasta 681.7 millones.

Irregularidades y omisiones

En noviembre de 2024, la Comisión de Hacienda de la UASLP detectó múltiples irregularidades en el contrato, como la ausencia de cláusulas claras de rescisión y términos ambiguos. También se señaló que violaba el Código Civil de San Luis Potosí, que limita los arrendamientos a un máximo de 15 años.

Durante la sesión del Consejo Directivo Universitario del 13 de diciembre, se expuso que el contrato fue negociado por el exabogado general Joel González de Anda sin las garantías legales mínimas. Aun así, no se tomaron medidas inmediatas.

La presión surtió efecto

Fue hasta después de la presión pública y mediática, derivada de lo dado a conocer por Pulso, que la universidad comenzó a actuar.

En enero, el Consejo autorizó a la Oficina de la Abogacía General, encabezada por Urenda Navarro Sánchez, a analizar la viabilidad jurídica de cancelar el acuerdo.

La solicitud de rescisión entregada esta semana representa el primer paso formal para romper el contrato. Si la empresa no responde en 30 días, la universidad podría iniciar un proceso judicial.

Este caso, que ha puesto en entredicho la administración de los bienes universitarios, podría marcar un punto de inflexión en la forma en que la UASLP gestiona su patrimonio.