· Sospecha de encubrimiento · Patear el balón
Lastimosamente, el caso Rich se ha convertido en un ejemplo de lo que cuesta en San Luis Potosí que se haga justicia.
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Los deudos de las víctimas mortales del accidente ocurrido el año pasado en un evento que no respetó las mínimas medidas de seguridad y protección civil, mantienen una lucha en su búsqueda de sanciones a la negligencia oficial que propició el accidente.
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Y cuando se habla de justicia no es sólo una referencia a los juzgados, sino al proceso de procuración por parte de las dependencias que, se supone, deberían cooperar con la investigación.
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Lo que ocurre es lo contrario. La Contraloría General del Estado declaró una reserva un informe sobre la investigación a elementos de cuatro dependencias de la administración, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Gobernación, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Finanzas, en relación a sus respectivas actuaciones en torno al caso.
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Una de las familias de los jóvenes fallecidos se ha empeñado en averiguar los detalles de esas investigaciones, presumiendo que los permisos estatales que ostentaba el antro, injustificados debido a las violaciones que se conocieron después, fueron propiciados por la colusión indebida de varios funcionarios de las dependencias mencionadas.
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Alargando el dolor en este proceso de conseguir justicia, la familia tramitó en un juzgado federal una orden judicial, por la vía del amparo, que ordenaba a la CGE revelar esos informes.
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El balón está ahora del lado de la administración estatal, pero si de algo sirven los antecedentes, las reacciones estatales en los procesos judiciales que ha perdido, ha pretendido anularlos.
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Parece que en la alcaldía, ante los casos incómodos, la táctica es patear el balón para que los asuntos se pudran en el calendario.
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Hace un tiempo, cuando se ventilaron los resultados polémicos que detectó la Auditoría Superior de la Federación sobre contratos de obras emitidos en 2023, la respuesta fue decir que los tiempos del proceso fiscalizador les daban unos dos meses para presentar la solventación de las observaciones, plazo tras el cual establecerían una postura.
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No lo ha hecho aún y ya tiene otra controversia encima. Ciudadanos Observando presentó datos polémicos sobre los contratos de pipas que distribuyeron agua en las colonias durante el periodo de sequía. La respuesta del alcalde Enrique Galindo Ceballos fue decir que pediría información… y después se pronunciaría.
