Opacidad cínica Gasolina al proselitismo
La vocación por la opacidad de la Seduvop, principalmente, pero de todas las dependencias involucradas con la ejecución de obra pública quedó evidenciada de nueva cuenta por el Inegi.
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El Censo Nacional de Gobiernos Estatales, el instrumento que mide la actividad de las administraciones en las entidades, tiene un apartado sobre la contratación que hacen de obras, productos y servicios.
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Los números que presenta el gobierno potosino en los últimos dos años llaman a la polémica. En 2022 por su total ausencia: el gobierno gallardista no reportó ningún contrato.
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Y en 2023, el ocultamiento de casi todo el gasto destinado a los contratos de obra pública, pues de siete mil millones que este gobierno presumió haber invertido el año anterior, sólo reportó al Inegi 375.8 millones de pesos. Apenas poco más del cinco por ciento del total.
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No extraña este fenómeno. El Inegi es un órgano estadístico, sin atribuciones de fiscalización, vigilancia o sanción. Y si la Seduvop es capaz de no haber publicado apenas uno o dos contratos en la Plataforma Estatal de Transparencia, ante la cual sí tiene obligación de cumplir, el Inegi debe tener a la institución sin cuidado.
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Por otra parte, las proporciones de contratos asignados por las discrecionales vías de la adjudicación directa y la invitación restringida, más del 80 por ciento del total, y el monto destinado a ellas, apenas el 24%, llama a sospecha.
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Esta falta de lógica es indicio de que las cifras reportadas por el gobierno potosino al Inegi carecen de veracidad.
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Y hablando de adquisiciones, una licitación anticipa que el uso por parte del gobierno del estado de los programas sociales con evidente interés electoral, promoviendo al PVEM y a la senadora Ruth González de cara a 2027, no cesará.
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La Oficialía Mayor del gobierno del estado lanzó la convocatoria para adquisiciones en estos días el concurso para la impresión de formas de registro de beneficiarios de programas sociales y las cantidades asombran.
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Para el reparto de cisternas, impulsado este año por la sequía, prevé 10 mil beneficiarios. Para el registro de apoyo alimenticio a través de tortillería, se prevén 15 mil registros.
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El reparto de ropa abrigadora para el invierno tendrá diez veces más registros, es decir, 150 mil.
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El programa de Cuadernos de Trabajo sumará 220 mil beneficiarios y el programa estrella, el reparto de despensas, atribuido directamente a la senadora del PVEM, tendrá un millón 200 mil registros, lo que equivale al 42.5 por ciento de la población de la entidad.
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El efecto positivo de la política social se verá corrompido por su manipulación para fines electorales.
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¡HASTA MAÑANA!
