Saldos del pleito Obstáculo minero
Mientras las autoridades estatales y municipales se pelean por las fallas en la seguridad pública, las cifras delictivas aumentan.
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El año pasado, el comparativo de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentaba una consistente baja, pero en los primeros cuatro meses de 2025, los reportes muestran un pernicioso rebote, que ha llevado el total de la incidencia delictiva al alza.
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De estos cuatro meses, en tres se han superado los cinco mil delitos y en San Luis ya se rebasaron los 20 mil delitos.
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El narcomenudeo sigue incontrolable y es el motor de la actividad criminal. El argumento oficial de que las corporaciones han aumentado las detenciones de narcomenudistas no parecen cuadrar.
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Entre enero y abril de este año, se contabilizan tres mil 869 denuncias, eso implica 967 querellas al mes, equivalentes a 32 por día.
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Sin embargo, los reportes de detenciones emitidos por las corporaciones policiacas no llegan a esa magnitud.
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Por otro lado, el tratar de “voltear” el sentido de las cifras, atribuyendo el aumento de denuncias a un “incremento en la confianza de las autoridades” y no a un incremento de la incidencia delictiva no es sostenible. La autoridad quedaría atrapada en su propia trampa, pues una disminución en las cifras equivaldría a una “pérdida” de confianza.
En menor medida, la violencia intrafamiliar tampoco se puede disminuir, así como los robos carreteros.
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Los homicidios, la mayor parte de los robos y otros delitos siguen sin alcanzar los niveles del año pasado, pero al final, no ha sido suficiente para contener el conteo total.
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En ese sentido, parece que sí, la descoordinación entre autoridades y la falta de estrategias están ya afectando la situación de la inseguridad en el estado.
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En un tema relacionado, hoy se celebrará la marcha de protesta por el asesinato de Sandra Revilla, muerta a balazos cuando ingresaba al negocio en el que laboraba.
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La convocatoria al evento servirá como termómetro de la inconformidad ciudadana con la situación. Aunque hay que decir que ha habido mucha presión oficial para minimizarla.
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El conflicto ejidal en Corcovada, por la intención de una parte de esa comunidad de vender tierras a una empresa con la supuesta pretensión de establecer un proyecto extractivo, tuvo un giro con la negativa de la Procuraduría Agraria a aprobar la sesión de hoy en que se discutiría la posible enajenación.
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El asunto definirá el destino futuro de la industria minera en el estado.
