Baile millonario
La danza anual de los millones de pesos que gira en torno al presupuesto federal de ingresos ya inició y el primer vistazo a la porción de recursos que le tocará a San Luis no es bueno. Los documentos base del paquete económico para el año entrante muestran un recorte de casi tres mil millones de pesos.
La buena noticia es que la cifra no es definitiva y puede cambiar.
La definición del presupuesto en nuestro país tiene varias fases y en estos días, inició la primera, con la entrega, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de la Federación al Congreso de la Unión.
Este es el documento base sobre el cuál, tras deliberaciones, precisiones y cabildeos entre el gabinete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, diputados federales, senadores y gobernadores de los estados, se va trazando el reparto de los recursos de cada año.
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Las negociaciones se realizan a lo largo del último tetramestre del año y tienen su límite temporal en diciembre, cuando se vota la versión definitiva de la distribución de recursos.
Aunque su carácter es preliminar, el documento adelanta cifras relacionadas con muchos rubros que lo componen, incluyendo las del gasto federalizado, es decir, el que les corresponde a los estados. También aparecen los recursos previstos por las dependencias del gabinete federal para ejercerse en proyectos de inversión y obras en las entidades, que no necesariamente están bajo la administración de los gobiernos estatales. Por ejercerse en territorio potosino, su aportación es importante para la economía estatal.
Desperdigados en los nueve tomos que lo componen y para ubicarlos, se requiere una búsqueda algo laboriosa.
Al final de ésta, se pudieron identificar que San Luis Potosí tiene previstas para 2026 partidas federales y estatales por 30 mil 479.6 millones de pesos.
Con respecto al proyecto presupuestal de este año, que asignaba a la entidad 33 mil 43.4 millones de pesos, se presenta una baja de dos mil 923.7 millones de pesos, equivalentes al 8.7 por ciento.
De botepronto, el dato luce preocupante por la posibilidad de que el estado disponga de menos recursos en un entorno económico complejo. Y también porque, en año preelectoral, se esperaría que ese factor incidiera en el comportamiento presupuestal.
Pero el asunto tiene sus asegunes.
De inicio, aún no está definido un monto muy relevante, el del ramo 28, de aportaciones federales. Este año, la partida fue de 27 mil 522 millones de pesos y es muy probable que goce de un incremento de al menos 1.5%, lo que elevaría el monto total a casi los 60 mil millones.
El número exacto se conocerá cuando se desglose el reparto de la bolsa federal.
Una situación que afectó en sentido negativo el monto de este año es que algunas obras y proyectos de largo plazo que usualmente han estado apareciendo en los presupuestos de años anteriores, con sus respectivos montos.
Es el caso, por ejemplo, de las asociaciones público privadas (APP) creadas para darle mantenimiento a tramos de la carretera 57 entre San Luis y Querétaro y entre la capital y Matehuala.
Tampoco se enlista el monto de los proyectos de prestación de servicios de la carretera Rioverde-Valles y del mantenimiento de la Universidad Politécnica, concesionados a empresas privadas.
Este año, esos cuatro rubros sumaron dos 665.3 millones de pesos. Para el presupuesto entrante, sin embargo, aunque aparecen mencionados, estos cuatro proyectos no tienen monto asignado. Debido a que su vigencia aún está activa, no parece que se vayan a quedar sin recursos, pero no se precisa cuándo se definirá alguna suma.
Otro renglón en rojo es el de los proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Para este año, se previeron 807.2 millones de pesos, pero para el año entrante, la cifra se redujo, a 76.9 millones de pesos. Una reducción de 730 millones de pesos. Si se toma en cuenta que el año entrante inician las obras del proyecto del tren de pasajeros del gobierno federal, se esperaría algún incremento. Tampoco se precisa si más adelante, se definen proyectos para la entidad.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral presenta un rcorte de 233.4 millones de pesos, pues de 478.6 millones de pesos previstos para este año, se bajaría a 245.2 millones, casi un 50 por ciento a la baja.
Pero también hay números negros. El más relevante es el incremento de ¡716.3%! En la inversión de proyectos de energía de la Comisión Federal de Electricidad.
Este año, el monto asignado fue de 107.5 millones de pesos y para el entrante, saltará a 877.8 millones de pesos.
El otro rubro clave del recurso para las entidades, el de las aportaciones del ramo 33, que nutren varios fondos etiquetados para educación, salud y seguridad, tendrá un alza de 381.1 millones de pesos, pues pasará de 25 mil 865.1 millones a 26 mil 246.2 millones de pesos. Crecerá 1.4 por ciento.
Y la UASLP, enfrascada en un pleito millonario con el gobierno del estado, tiene previsto un alza de 120.6 millones de pesos en el fondo de subsidios UR 511, previsto para las universidades públicas de los estados.
Este año, recibió dos mil 441.2 millones de pesos. Para 2026, aparecen presupuestados dos mil 561.9 millones de pesos. El incremento es de 4.9 por ciento.
Lo malo para la universidad, es que el problema lo enfrenta ahora, ante la obstinación del gobernador de no reconocer el adeudo y de no querer asignarle un peso.
El resto de las partidas se compone de las asignaciones salariales de algunas delegaciones federales en el estado, casi todas a la baja.
Se echan de menos obras hidráulicas y de salud que sí estaban previstas en el presupuesto de 2025, pero están ausentes en el del año entrante.
Ese es el piso desde el que se empezará a definir el presupuesto del estado para el año entrante. Dependerá de la voluntad del gobierno federal, y de las habilidades de negociación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y de los senadores y diputados federales del estado, maximizarlo para sacar todo el provecho posible.
Opacos hasta el fin
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), el organismo que aseguraría el derecho de la ciudadanía potosina a acceder a los datos de las dependencias estatales, agoniza, esperando que el Congreso del Estado defina qué organismo va a sucederle para, en el papel, seguir con esa tarea.
En la práctica, es sabido que no cubrió todas las expectativas. Así fue durante la mayor parte de sus años de existencia, pero se agudizó en los últimos años bajo un gobierno para el cual, la transparencia no sólo no fue vista como una obligación, sino como un obstáculo.
Prueba del lamentable estado en que quedará la transparencia en los últimos días de existencia de la CEGAIP es el más reciente reporte del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2025, elaborado por la consultora especializada en finanzas públicas aregional.
El documento revisa el nivel “de disponibilidad, actualidad y calidad de la información fiscal generada y publicada por los gobiernos de las Entidades Federativas en sus portales electrónicos oficiales”.
En el resultado general, San Luis Potosí queda muy mal parado, pues sólo logró una calificación de 46.7 puntos de cien posibles.
Eso arrojó al estado al lugar 29 de las 32 entidades. Sus compañeros en el fondo de la tabla fueron Guerrero, que obtuvo 38.7 puntos, Chiapas, que reunió 34.5 puntos y el colero, Aguascalientes, que apenas obtuvo 13.8 puntos.
El documento expone cómo la entidad reprueba en casi todos los rubros medidos en una revisión a los portales oficiales de los gobiernos de las entidades.
Los rubros peor evaluados ni siquiera obtuvieron una calificación. Simplemente no hubo información qué revisar.
Fueron los casos de la deuda pública, las licitaciones de la obra pública y el Plan Anual de Adquisiciones de los dos últimos años.
En estas inconsistencias están involucradas las secretarías de Finanzas en el primer apartado, la de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, la Junta Estatal de Caminos, la Comisión Estatal del Agua y todas las demás involucradas en esta atribución, y la Oficialía Mayor, en el caso de las adquisiciones.
No por nada, las dependencias con mayores quejas por su opacidad.
El único punto bien librado de la evaluación fue el de las facilidades para el acceso a la información a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
La consultora aregional advierte que, en general, las deficiencias afectan a todos los estados. Esta baja generalizada, señala, genera un panorama de incertidumbre.
Los bajos resultados reflejan un “evidente desinterés” de las administraciones estatales por la publicación de información “más allá del cumplimiento de las obligaciones decretadas en la legislación vigente”.
Pero en el caso de las autoridades potosinas, ni siquiera ese piso mínimo se obtuvo.
Los resultados de la evaluación, diagnostica aregional, “generan un panorama de incertidumbre que afecta el derecho ciudadano a conocer cómo se toman las decisiones en la administración pública y cómo se utilizan los recursos financieros”.
Y desliza una sospecha: “La derogación y/o desactualización de las Leyes Estatales de Transparencia provoca vacíos legales y sospechas sociales; pocos gobiernos han continuado con la publicación de su información financiera”.
En el caso de San Luis, acierta. Ahí están el concejo de Villa de Pozos y la Arena Potosí, que si bien son los organismos de más reciente creación en el estado, ya tienen suficiente tiempo como para cumplir con las obligaciones de transparencia impuestas, lo que simplemente han desdeñado.
Y en ese panorama, la CEGAIP se enfila a la desaparición haciendo menos de lo mínimo.
Un final indigno.
