El bosque Fantasma
Proyectos grandes y pequeños, relevantes o meramente lucidores, salpicados por todo el estado. Se trata de las obras y acciones prometidas en algún momento, casi siempre de manera grandilocuente, por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que tienen un punto en común: no se han concretado.
En la lista de castillos en el aire que ha ofrecido el mandatario se incluyen los cinco hospitales generales ubicados a lo largo del estado, promesa de campaña; el parque Tangamanga en Soledad; en ese mismo municipio, una monumental estatua de Cristo cerca del cráter de Joya Honda; una rueda de la fortuna en el Tangamanga II y llevar un león al Tangamanga I; la remodelación de la Alameda capitalina y, más recientemente, la presa Las Escobas.
En algunos casos, la imprevisión en el cumplimiento de la normatividad ha sido la causa del descarrilamiento de las promesas. En otras, la falta de recursos, pero hay casos en los que simplemente no se supo qué pasó. Se hicieron los compromisos, pero nunca más se supo de ellos.
En esta categoría parece acomodarse el “ambicioso” plan para reforestar la Sierra de San Miguelito con un millón de árboles, anunciado a mediados de junio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La recuperación de áreas arboladas en la recientemente declarada Área Natural protegida, dijo entonces el mandatario, ya estaba en marcha, pues ya se había recibido la tercera parte de los ejemplares, 300 mil, que se sembrarían en una primera etapa.
Como era de esperarse, correspondería a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) la gestión del proyecto, en el que habría coordinación con instancias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambienta (Profepa) y otras.
A un mes y poco más del anuncio, ¿qué ha sido del proyecto?
La organización Cambio de Ruta, que mantiene una despiadada observación de los proyectos estatales y que, gracias a que muchos de estos han sido armados de manera deficiente, ha obligado, vía amparos, a que la administración tenga que corregirlos, monitoreó los pasos formales de esta reforestación masiva. Y lo que encontró fue…. que no hay nada.
A través de solicitudes de información, de la que esta columna tiene copias, la organización presentó el 23 de junio una batería de cuestionamientos a la Segam sobre el plan, que incluían el proyecto ejecutivo de la acción, las metas previstas, el cronograma para lograrlas y el presupuesto destinado.
En materia de autorizaciones y análisis, los reportes técnicos del suelo, la hidrología, condiciones climáticas, permisos federales de la Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), administradora de la zona de la Sierra de San Miguelito.
También solicitó el método usado en la reforestación, sujeta a un manual de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
En materia de inversión, se le solicitó al gobierno estatal el presupuesto de la acción, los procesos de contratación, incluyendo si se concursó públicamente o se asignó directamente, además de los nombres de las empresas o particulares favorecidos con los contratos.
También pidió el programa de monitoreo de las plantas sembradas, los planes de coordinación con instancias federales y, finalmente, información sobre la ubicación geográfica de las zonas reforestadas.
Esa larga lista de requisitos es lo que está detrás de un proyecto como el anunciado por Gallardo Cardona.
La respuesta de la Segam se dio el 7 de julio y se pude resumir en una corta frase: no hay nada.
La dependencia que dirige Sonia Mendoza redujo a un párrafo la respuesta a la extensa petición del grupo ambientalista: “se informa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y digitales a resguardo de esta Dirección de Ecología Urbana, no encontrándose documento o archivo alguno que contenga la información requerida por el solicitante. Sin otro particular, quedo atenta a cualquier duda o comentario”.
La estocada la dio la Conanp, a la que se le hizo una solicitud similar a la que recibió la Segam, con énfasis en las autorizaciones que debería dar la dependencia federal y el grado de coordinación con instancias estatales.
La respuesta fue en el mismo sentido que la de la Segam: nada.
No hay ningún permiso porque no ha habido solicitud de uno por parte del gobierno potosino. De ahí deriva una cascada de respuestas negativas a las peticiones de la solicitud.
En este lapso, lo más trascendente que ha ocurrido en la Segam es que el gobernador haya destapado a su titular como aspirante a la candidatura del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía capitalina. “Está buscando entrar en el tema de la capital”, dijo el mandatario a mediados de este mes.
En este caso, lo que impide ver el bosque y los árboles, es que simplemente, sólo están en la mente del gobernador.
Unos omisos, otros débiles
A mediados de enero pasado, durante una reunión de regidores con funcionarios de la Dirección de Comercio del ayuntamiento capitalino, a la que también asistieron representantes de la Canaco y Nuestro Centro, algunos ediles cuestionaron con vehemencia si la Arena Potosí había tramitado ante esa instancia los permisos correspondientes para su funcionamiento.
Regularmente, esa dependencia municipal es severa con los establecimientos que omiten tramitar los permisos, y así lo muestran las frecuentes clausuras que realiza.
Los representantes de la dirección en ese encuentro trataron de evadir a toda costa una respuesta directa, pues no se trataba de cualquier establecimiento, sino la joya de la corona de un gobierno adverso y con más poder que el que tiene la alcaldía.
No era la primera vez que se trataba el punto en la comisión. Se trata de un tema recurrente, que nunca fue resuelto de manera contundente.
Pero en esa ocasión, al final, no le quedó más que responder que no se había tramitado ninguna autorización, por lo que la arena estaría funcionando en la más completa ilegalidad.
Y ante los cuestionamientos de por qué no se sancionaba al gobierno estatal, como se hace con cualquier infractor, la respuesta fue sincera: era evidente con quién se metían y lo que se desataría en caso de que la dirección cumpliera con esa obligación.
Meses después, en respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia no sólo confirma la ausencia de autorizaciones, sino que los principales centros de diversión de la ciudad, la mayoría dependientes del gobierno estatal, han sido omisos en tramitar casi todas las autorizaciones municipales.
Además de la Arena Potosí, en la solicitud se incluyó al centro de espectáculos El Domo, al palenque de la Feria Nacional Potosina y los teatros ubicados dentro de los parques Tangamanga I y II.
De todos ellos, se pidieron copias de las licencias de construcción, de uso de suelo, de funcionamiento, de venta de bebidas alcohólicas, además de los dictámenes de Protección Civil del ayuntamiento, de Bomberos y de Ecología.
La Dirección de Ecología respondió que, tras una “búsqueda exhaustiva”, no encontró ninguna autorización que está obligada a otorgar, a favor de alguno de esos establecimientos.
La de Protección Civil confirmó que tampoco encontró evidencia de que se hubieran tramitado el Dictamen de Medidas de Seguridad y el Visto Bueno de Programa Interno de ninguna de las instancias requeridas.
Pero hizo la salvedad de que, en el caso de las instancias estatales, esa responsabilidad recaía en la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Hay que recordar que en el caso de la Arena Potosí, ya hubo dos víctimas mortales. Una, la de un trabajador que estaba en labores de construcción, y la otra, de un guardia privado en pleno evento. Es decir, que muy segura, la arena no ha sido.
Por su parte, la Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Humano tampoco encontró ninguna autorización para el negocio privado y las dependencias estatales.
En suma, estamos ante dos omisiones: la de las dependencias estatales, que por alguna razón, se piensan exentas de cumplir con obligaciones que a otros se les hace cumplir a rajatabla; y del ayuntamiento capitalino, al que le ha temblado la mano para ejercer su autoridad y sancionar a los infractores.
