Mala salud
El pasado 14 de agosto, el Diario oficial de la Federación publicó una circular emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la instancia federal que sustituyó a la Secretaría de la Función Pública, y por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud en la que se informaba la nulidad de la inhabilitación que desde septiembre de 2023 pesaba sobre la empresa Public Health Supply and Equipment SA de CV, la compañía involucrada en los casos que enviaron a prisión a los dos últimos secretarios de Salud del gobierno de Juan Manuel Carreras López: Mónica Rangel Martínez y Miguel Ángel Lutzow Steiner.
La empresa estaba en esa situación desde el 4 de septiembre de 2023 cuando, dentro del procedimiento administrativo S.P.002/2023, la Secretaría de Salud le decretó la prohibición de recibir contratos de dependencias públicas de todos los niveles de gobierno durante 15 meses y pagar una multa, requisito obligado para reactivar su participación en licitaciones gubernamentales.
El aviso publicaba un extracto de la sentencia emitida por la Décima Sala Metropolitana del Tribunal de Justicia Federal y Administrativa (TFJA), dentro del juicio de nulidad 21114/23-17-10-5, presentado por la empresa regiomontana para combatir la decisión.
El TFJA había ratificado en abril del año pasado el sentido de la sanción, por lo que la empresa acudió a la justicia federal, a través del amparo 386/2024. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito de la CDMX, que en febrero de este año le concedió un fallo favorable y ordenó que se anulara la inhabilitación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El fragmento de la resolución publicado por el TJFE señala que la demandante “probó sus pretensiones”, logrando un fallo que deja sin efectos jurídicos las sanciones.
Aquí, la empresa fue señalada por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la Fiscalía General del Estado de participar en un esquema para simular compras millonarias de insecticida para combatir en la Huasteca a los mosquitos transmisores de dengue, zika y chinkungunya. Las adquisiciones se habrían concretado en los respectivos periodos de los exfuncionarios. Con Rangel Martínez, la SS pagó 22 millones de pesos y con Lutzow Steiner, 32 millones más.
En 2022, la secretaria y excandidata de Morena a la gubernatura, fue acusada, vinculada, procesada y sentenciada culpable por los delitos de abuso de la función pública y asociación delictuosa. La exfuncionaria se declaró culpable y salió de la cárcel, dice la historia oficial, porque devolvió 22 millones de pesos. Las evidencias documentales reportadas incluso cuando estaba en funciones y los señalamientos del propio gobernador Ricardo Gallardo desde el inicio de su gobierno, apuntaban a irregularidades mucho, mucho más cuantiosas.
En esa ocasión, directivos de la empresa también fueron detenidos, pero su suerte jurídica fue distinta y nadie más fue consignado.
Un año después, Lutzow Steiner siguió el mismo camino que su antecesora, pero a diferencia de ella, nunca aceptó su responsabilidad. Fue detenido a principios de mayo de 2022 y, mediante un juicio plagado de anomalías como supuestos testigos que nunca comparecieron, contradicciones y pruebas insuficientes, fue sentenciado a 5 años de cárcel el ocho de octubre de 2024.
El médico siguió sosteniendo su inocencia y, tras presentar un juicio de amparo, en febrero de este año logró que la justicia federal salir del penal de La Pila, donde pasó dos años y nueve meses.
Lutzow Steiner no pudo evitar que la causa en su contra se extinguiera, pero enfrenta el proceso en arraigo domiciliario.
En septiembre de este año es cuando la Secretaría de Salud federal ordenó la inhabilitación de la empresa. El plazo de 15 meses de prohibición contractual venció en diciembre del año pasado, por lo que se estima que la empresa apeló ante el TGJE para evitar pagar la multa.
El tribunal no ha hecho pública la sentencia ni la SS el procedimiento administrativo que perdió, el amparo 386/2024 da algunas pistas.
De inicio, ratifica que ninguna autoridad potosina presentó la denuncia para inhabilitar a la empresa, sino la Secretaría de Salud federal, Luego, señala que la causa de la inhabilitación no estuvo relacionada con el proceso penal de los exfuncionarios potosinos, sino por la presunta falsificación de documentos del Infonavit presentados por la compañía cuando compitió por un contrato federal.
De hecho, no menciona para nada al estado, aunque sí establece que el contrato involucrado era para la compra de insecticida destinado a combatir a los mosquitos en entidades federativas.
Por estos cabos sueltos, no es posible afirmar con certeza si el revés a la Secretaría de Salud tendrá alguna consecuencia en los casos de los exfuncionarios potosinos.
Pero es eso, un revés en contra de una empresa involucrada en anomalías. Punto para la impunidad.
