Muertos incómodos
El principal problema de una estadística oficial que no está desvinculada a la dependencia que la origina es la confianza.
Si no hay una auditoría que lo certifique, siempre quedará la duda sobre su veracidad.
Es lo que ocurre con los datos sobre un tema tan sensible como la seguridad pública. Históricamente, los conteos de delitos tienen encima la sombra de la sospecha. Igual ocurre con las cifras de personas desaparecidas. Al ser fuente de situaciones incómodas, que pueden afectar el discurso oficial de que el país, los estados o los municipios viven en paz y tranquilidad, la tentación de manipularlos es alta.
Por eso es interesante contrastar estadísticas de distinta fuente sobre un mismo tema. En la medida en que coincidan, la percepción de que los datos dibujan de manera precisa la realidad crece.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por estos días surgió la oportunidad de poner en práctica lo anterior con la divulgación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de su reporte de defunciones por homicidio.
La herramienta actualiza la cifra de personas asesinadas al año 2024.
Conviene explicar qué es lo que exactamente cuenta el Inegi como homicidio: en su metodología, el reporte indica que se basa en los casos que caen dentro del Capítulo XX de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, referentes a causas externas de mortalidad, específicamente en los códigos X85 a Y95, que cubren las muertes por agresiones, es decir, actos directos e intencionados para causar, precisamente, la muerte.
Es decir, en el reporte del Inegi no se incluyen los fallecimientos por accidente, fortuitos e involuntarios y ocasionados por la imprudencia o la negligencia, que tienen su clasificación propia.
La precisión es importante porque permite establecer que en este reporte del Inegi, se toman en cuenta sólo asesinatos que coinciden con la definición legal del homicidio doloso: actos con conocimiento y voluntad de privar de la vida a otra persona.
Los insumos utilizados para producir el reporte son los certificados y actas de defunción de las oficialías del Registro Civil, los cuadernos estadísticos de defunciones de las Agencias del Ministerio Público y certificados de defunción presentados por Servicios Médicos Forenses.
Y aquí llegamos a la otra estadística con la que se va a contrastar el dato del Inegi: los casos de víctimas de homicidio doloso que mes con mes publica el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), teniendo como fuente las denuncias presentadas por este delito ante las fiscalías estatales.
Es un dato importante porque autoridades de los tres niveles de gobierno afincan fuertemente su discurso de que la seguridad pública se mantiene en niveles positivos en sus respectivos ámbitos, precisamente, en la estadística de asesinatos registrados durante determinado tiempo.
El Inegi presenta en el reporte que dio a conocer el viernes los resultados desde 2012. Para la comparación se toman en cuenta los reportes de denuncias presentadas por homicidio doloso entre ese año inicial y 2015. A partir de 2016, el SNSP afinó su metodología para ofrecer los reportes de víctimas, más precisos.
Primero, un punto en común entre ambas estadísticas: la evolución de los homicidios. Entre 2012 y 2015 se registró un notorio descenso en las muertes violentas e intencionadas en el estado, sin que se reportaran más de 300 casos anuales. En esos años transcurrió la última mitad del gobierno de Fernando Toranzo.
A partir de 2016, ya con Juan Manuel Carreras López en la gobernatura, se dio un repunte sostenido y de magnitud importante hasta 2018. En 2020 se registra una fuerte discrepancia ente las cifras, de la que se abundará más adelante.
A partir de 2022, el primer año completo del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, las líneas de la gráfica vuelven a coincidir en una tendencia descendente.
Hasta ahí la coincidencia entre las dos fuentes. Porque luego, con mayor o menor magnitud, las cifras de personas asesinadas no coinciden en ninguno de los trece años revisados. Hay que tener en cuenta de que no sólo se está hablando de números, sino de personas que perdieron la vida a manos de otras que utilizaron medios violentos para su fin. Que lo más probable es que dejaran atrás parejas, hijos, padres, hermanos, es decir, familias que también son víctimas del crimen. Y en última instancia, dejaron sus cuerpos atacados como constancia de su final.
En ese sentido, lo esperado es que hubiera una coincidencia total entre las cifras, o al menos una cercanía en los números, pero no es así.
El panorama generalizado es que, en San Luis Potosí, el Inegi ha contabilizado en los trece años revisados 984 asesinatos más que el SNSP.
Solo en un año, 2019, la situación ha sido a la inversa.
El Instituto suma seis mil 648 víctimas contra cinco mil 664 que contabiliza el sistema federal, con cifras basadas en los reportes que la Fiscalía General del Estado le ha enviado.
En promedio, el Inegi ha reportado 75 homicidios más que los que reconoce la FGE, con diferencias que van de los 19 registrados en 2022 y los 309 contabilizados en el 2020, el año de la pandemia, y que es la discrepancia de la que se hablaba líneas arriba. Ese año, el Inegi reportó 803 homicidios, pero la FGE, entonces a cargo de Federico Garza Herrera, reportó sólo 494.
Sólo en dos años el margen entre las cifras de las dos instancias fue de menos de 20 casos. El excepcional 2019, cuando la FGE reportó cinco casos menos que los que contó el Inegi, y 2022, cuando la diferencia fue de 19 casos.
Fuera de esos años, la FGE siempre ha reconocido menos muertes violentas que el Inegi.
Es un comportamiento que se ha presentado durante los tres últimos sexenios. En el actual, ha ido al alza: a la diferencia de 19 casos de 2022 le siguió un incremento a 55 en 2023 y 70 el año pasado.
¿Por qué la FGE registra menos muertes violentas en la entidad que el Inegi? El fenómeno no es cosa nueva, y alguna vez, desde la Fiscalía se ofreció la explicación de que ambas instancias utilizan metodologías distintas. Lo que es poco creíble si al fin y al cabo, hay prueba documental de los fallecimientos.
La sombra de un ocultamiento, de la manipulación de datos para ofrecer un escenario más benigno está ahí presente.
Ahí está el antecedente de los secuestros masivos de migrantes extranjeros que se registraron entre abril y mayo de 2023 en la carretera a Matehuala. Alrededor de 150 personas fueron víctimas de plagio, pero esa cifra no apareció en las estadísticas de los reportes del SNSP correspondientes a esos meses, en el apartado de delitos contra la libertad.
En el caso de los homicidios, se intuye también un esfuerzo por ocultar la realidad de lo que ocurre en San Luis Potosí.
Casi a escondidas
De manera sigilosa, el gobierno del estado hizo un movimiento significativo en su deuda pública bancaria de largo plazo que, en el papel, aligeraría el servicio de la deuda, a cambio de alargar siete años la vigencia de un préstamo tramitado en tiempos de Marcelo de los Santos Fraga.
Se trata del trámite de un crédito contratado el pasado 26 de mayo con BBVA por mil 831.8 millones de pesos para saldar el remanente de un préstamo previo, contratado en marzo de 2008 por el gobierno del panista.
En ese tiempo, De los Santos Fraga reestructuró la deuda pública que llevaba acumulada en un solo crédito de dos mil 678.8 millones de pesos, contratando con Banorte un préstamo a 20 años pagando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) de 28 días vigente entonces. Que era de 7.93% más una sobretasa de 0.45, es decir, un total de 8.38 por ciento.
En diciembre de 2015, empezando la administración de Juan Manuel Carreras, el crédito, que para entonces tenía un saldo de dos mil 229.5 millones de pesos, se reestructuró. Al alargar el plazo de pago a 20 años, el pago pasaría de 2028 a 2035.
Las condiciones del interés pagado quedaron igual: TIIE más 0.45 puntos, pero con la gran ventaja de que la tasa había bajado a 3.33 por ciento, por lo que la tasa efectiva quedó en 3.78, reduciendo en 4.6 puntos el interés pagado.
Desde noviembre del año pasado, la Secretaría de Finanzas hablaba de analizar una nueva restructuración de la deuda bancaria. Y a mediados de mayo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona retomó el tema, argumentando que el servicio de la deuda era demasiado caro, pues se pagaban entre 350 y 450 millones de pesos anuales por ese concepto. Con esa justificación, anticipó que se buscarían condiciones más favorables.
Pero la renegociación llevaba ya tiempo realizándose. En el segundo informe trimestral de la cuenta pública, entregado a mediados de julio al Congreso, el gobierno confirmaba la operación, revelado el crédito se había contratado desde diciembre de 2024, pero no fue hasta mayo de este año cuando se materializó.
BBVA prestó mil 831 millones de pesos para pagar el remanente de mil 793.1 millones de pesos del préstamo marcelista. De la diferencia de 38.7 millones de pesos entre ambas cifras nos explicó nada.
Se detalla que el interés de esta restructuración quedó en la tasa TIIE más 0.27%, lo que en apariencia, es una reducción. Pero en mayo de este año, la TIEE estaba en 8.78%, indicador más alto que el que se contrató originalmente y mucho más alto que en la reestructuración de 2015, quedando al final una tasa efectiva de 9.02 por ciento. Parece, entonces, que el movimiento no será tan barato.
Por lo que toca al plazo, el contrato se firmó a once años, por lo que el crédito que debía quedar saldado en 2028, tendrá vida hasta 2036.
Quizá la mayor ventaja será la reducción, del 12% al 9%, de la porción de las participaciones federales que recibe San Luis a través del Fondo General que sirve de garantía de pago del pasivo, lo que le da liquidez a un gobierno ávido de dinero. Su otra fuente de esos recursos, los préstamos quirografarios de cortísimo plazo, ya le están causando mella a su calificación crediticia.
Salvo la consignación del movimiento en la Cuenta pública, el gobierno del estado no reveló abiertamente la reestructura ni sus detalles. Sin embargo, comunicados de las empresas calificadoras de deuda PCR Verum y HR Ratings emitidos el 23 y el 25 de julio pasado lo consignan, pero no tuvieron mucha difusión.
Habrá que esperar explicaciones sobre los alcances de la reestructuración y los beneficios, si los hubo, que generó.
Pero el silencio que ha guardado el gobierno del estado, en especial de la Secretaría de Finanzas, en torno a los dineros públicos, no despierta optimismo.
