Amnistía en México

La amnistía, o “amnestía”, es un acto del Poder Legislativo que decreta el “olvido oficial” de una categoría de delitos. A diferencia del indulto, que es un perdón individual otorgado por el Ejecutivo, la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas de forma general para un grupo de personas, aboliendo los procesos judiciales o las condenas. Es en sí, un esfuerzo por la pacificación, generalmente derivado de situaciones de crisis o conflicto político y social.

La historia de nuestro país nos ha brindado diversos momentos en los que se ha recurrido a este recurso. En 1870, Benito Juárez promulgó una Ley de Amnistía a favor de los presos conservadores que conspiraron en apoyo del emperador Maximiliano. Lázaro Cárdenas otorgó amnistía en 1937 a civiles y militares que habían participado en motines y rebeliones al término de la Revolución Mexicana. Por otro lado, Manuel Ávila Camacho la emitió para los participantes en el levantamiento de Juan Andreu Almazán, quien había alegado fraude en las elecciones presidenciales de ese año. Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, Carlos Salinas promulgó su ley de amnistía para quienes habían participado en el movimiento armado. Y en 2020 el presidente Andrés Manuel promulgó la suya para beneficiar a personas procesadas o sentenciadas por delitos menores del fuero federal.

Esta última medida, de acuerdo con el informe anual de la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Amnistía de México, ha permitido en 2025, 411 liberaciones con validación de jueces federales, lo que extinguió procesos, borró antecedentes y restituyó derechos civiles y políticos. Hoy por hoy es una política con procedimientos, datos verificables y controles judiciales claros. Se trata entonces de un mecanismo legal que opera bajo reglas y supervisión jurisdiccional.

¿A quiénes está llegando? A personas en situación de pobreza, integrantes de pueblos y comunidades indígenas que carecieron de intérprete o defensa adecuada, mujeres, población LGBTIQ+ y casos asociados a discapacidad, temor fundado o robos sin violencia. La política también ha reconocido un hecho elemental: la geografía no puede decidir la justicia, pues donde hubo mejores defensorías y criterios homologados, los avances son demostrables; en cambio, donde faltaron peritajes, intérpretes y asesoría técnica, el rezago persiste.

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Este recurso no surge de manera espontánea a voluntad de las personas gobernantes en turno. Se trata de momentos en los que la realidad política y social demandan medidas drásticas para la pacificación del Estado. Algo medianamente diferente en los gobiernos de la Cuarta Transformación si así lo quieren ver, pero es innegable que la justicia también debía llegarles a los más desfavorecidos, a quienes la pobreza se convierte en el principal verdugo dentro del sistema de justicia.

*Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de justicia y paz