La Corte Mundial habla claro

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 23 de julio de 2025 una Opinión Consultiva histórica que cambia las reglas del juego climático: los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y los derechos humanos frente al cambio climático. No actuar —ya sea por mantener subsidios a combustibles fósiles, establecer metas nacionales débiles o no apoyar a los países más vulnerables— puede constituir una violación al derecho internacional. Aunque esta Opinión no es jurídicamente vinculante, su peso moral y legal influirá en litigios futuros, negociaciones climáticas y la presión social para exigir justicia climática.

La CIJ no dejó espacio a la ambigüedad: las obligaciones climáticas surgen de múltiples fuentes —la Carta de las Naciones Unidas, tratados climáticos como el Acuerdo de París, tratados de derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario y principios generales del derecho—. Son obligaciones erga omnes, es decir, cada Estado le debe estas acciones no solo a sus ciudadanos, sino a toda la humanidad.

Si un Estado falla en prevenir emisiones de gases de efecto invernadero —ya sea permitiendo perforaciones petroleras, subsidiando combustibles fósiles o fijando metas poco ambiciosas— incurre en un acto internacionalmente ilícito. La consecuencia: ese Estado puede ser obligado a cesar el daño y a reparar completamente las pérdidas causadas (Loss and Damage).

Este año es decisivo. Según el Acuerdo de París, en 2025 los Estados deben presentar nuevas NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) más ambiciosas. Pero ahora, con la Opinión de la CIJ, estas contribuciones no son solo promesas políticas: son obligaciones jurídicas de resultado. Su nivel de ambición no puede quedarse en la narrativa, debe traducirse en cifras, calendarios y presupuestos climáticos.

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La COP30 en Belém, Brasil, será el escenario para que el mundo demuestre si ha entendido el mensaje de la Corte. Será el momento de observar si los compromisos climáticos están alineados con el objetivo de 1.5°C, si hay avances en financiamiento climático y, sobre todo, en la reparación por pérdidas y daños. No se trata solo de “hacer más”, sino de hacer lo que exige la justicia climática, ahora respaldada por el derecho internacional.

Esta Opinión Consultiva nació del coraje de 27 estudiantes del Pacífico que, en 2019, recaudaron 35 dólares para una manta. Su activismo inspiró a Vanuatu a liderar una coalición de Estados insulares que logró que la Asamblea General de la ONU pidiera a la CIJ esta Opinión. Se trata de justicia climática escrita con manos jóvenes y voces históricamente ignoradas.

“La era de la impunidad ha terminado”, dijo Tasneem Essop, directora de Climate Action Network International. La CIJ ha trazado una línea clara: causar daño climático es ilegal. Y como recordó la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático, Elisa Morgera: “Estamos en una nueva era de rendición de cuentas climática”. La juventud no es solo el rostro del activismo climático, es su músculo político y su conciencia jurídica. Esta Opinión Consultiva nació de una movilización estudiantil, pero interpela a jóvenes del Sur Global, del Pacífico, de América Latina y del mundo entero.