Cabildo sustituye "grupos vulnerables" por "de atención prioritaria"

El Cabildo de San Luis Potosí aprobó una serie de reformas y adiciones a diversos reglamentos municipales con el objetivo de actualizar el marco legal y garantizar un trato digno e inclusivo a las personas consideradas grupos de atención prioritaria. Con esta medida, se sustituye el término "grupos vulnerables" por uno más acorde a los principios de igualdad y derechos humanos, evitando connotaciones estigmatizantes.

El acuerdo publicado en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado el 9 de septiembre de 2025, explica en su exposición de motivos que el lenguaje institucional no es neutro, pues influye en la forma en que se diseñan y aplican las políticas públicas. Por ello, la administración municipal consideró indispensable un cambio conceptual que reconozca a estos sectores como sujetos de derechos y no como receptores pasivos de ayuda.

La categoría de grupos de atención prioritaria incluye a niñas, niños y adolescentes, juventudes, mujeres, personas adultas mayores, población LGBTQ+, personas con discapacidad, pueblos originarios, afromexicanas, migrantes, en situación de calle o pobreza extrema, así como quienes viven con enfermedades, adicciones o se dedican al trabajo de cuidados. La atención hacia ellos deberá regirse por los principios de no discriminación, interseccionalidad, equidad y justicia social.

Entre los reglamentos modificados se encuentran el Reglamento Interno del Municipio, el de la Dirección de Educación, la Coordinación de Derechos Humanos, el Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el IMPLAN, el Consejo Consultivo de la Instancia Municipal de las Mujeres y el Reglamento de Cementerios, entre otros. Las reformas abarcan desde la integración de comisiones hasta la incorporación de personal especializado en la atención de estos grupos.

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Destaca la creación de nuevas atribuciones para la Comisión Permanente de Grupos de Atención Prioritaria, que tendrá la facultad de proponer acciones afirmativas, supervisar programas sociales, coordinar con instituciones de los tres niveles de gobierno y garantizar que las políticas municipales se desarrollen bajo un enfoque de igualdad y dignidad. También se establecen medidas para asegurar la participación ciudadana de estos sectores en las juntas vecinales y procesos comunitarios.