Voz y Dignidad promueve amparo por omisiones de Congreso

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP informó que presentó ante tribunales federales una solicitud de amparo indirecto en contra del Congreso del Estado de San Luis Potosí por su omisión de cumplir con el mandato legal y constitucional de armonizar la legislación en materia de desaparición de personas y, en específico, por su negativa a crear la Fiscalía Especializada en Desapariciones, obligación que desde 2017 establece la Ley General.

"Han pasado casi ocho años de promesas rotas, de discursos vacíos y de fotos conmemorativas que nada cambian la realidad. El Congreso y las autoridades que alguna vez se proclamaron 'aliadas' de las familias buscadoras, han demostrado que su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente. La verdad es dolorosa: no les interesa el sufrimiento de las madres ni de las familias que seguimos cargando con la ausencia", señalaron un un comunicado.

Señalan que la omisión legislativa no es un descuido burocrático sino una forma de violencia institucional. "Es el reflejo de un Estado indolente, insensible e incapaz de responder a la crisis de desapariciones que vive San Luis Potosí. Mientras se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores, se condena a las familias buscadoras a más dolor, más incertidumbre y más impunidad".

Aunque este amparo lo presentamos contra el Congreso del Estado, agregan, sabemos bien dónde se toman realmente las decisiones es en Palacio de Gobierno. "Desde ahí tampoco ha salido la instrucción para que este tema avance. Es una vergüenza que desde la Subsecretaría de Gobierno se haya jugado con nosotras, simulando interés y gobernabilidad, cuando en los hechos han mostrado la misma indiferencia que el Congreso".

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Consideraron que la Fiscalía Especializada en Desapariciones es una obligación, no una opción, pues su ausencia niega nuestro derecho a la verdad, impide investigaciones serias y perpetúa la impunidad en delitos de lesa humanidad.

"El Congreso incumple la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, que en su artículo 68 exige que cada estado cuente con fiscalías especializadas con personal y recursos suficientes", añaden.

"Hoy recurrimos al amparo porque ya no queda espacio para la confianza moral. Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal. Que quede claro: el recurso legal es la única vía que nos dejan quienes han demostrado que no tienen palabra, ni compromiso, ni sensibilidad".

Agradecieron a la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP por su acompañamiento decidido y comprometido en esta acción legal.