› Presión laboral › Pensiones y patrullas
Desde hace tiempo, las señales de que el clima laboral en San Luis Potosí va a enfrentar turbulencias debido a la agresiva política económica que ha instrumentado el gobierno de Donald Trump.
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La lista de indicios no es corta: disminución de la actividad económica, en especial la industrial; el impacto de los aranceles, la disminución del empleo y ahora, la pauperización de los ingresos.
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Algunos efectos están a la vista: como la detención temporal de las actividades de algunas de las grandes empresas industriales, o se están gestando, como el impacto que tendrá en los trabajadores del campo el injustificado impuesto aplicado a las importaciones de tomate, que ya fue oficializado.
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Aunque el discurso oficial hable de una incidencia directa del gobierno estatal en la economía y varios de sus aspectos, lo cierto es que es un barco que no puede comandar, sino que obedece a otros intereses.
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Por eso, es una interrogante qué estrategias pueden armarse desde el ámbito oficial para enfrentar las turbulencias que se avecinan.
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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis echó al Centro de Negocios (ExCentro de Convenciones) por la ventana en la ceremonia de renovación del comité estatal.
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El listado de sus integrantes, funcionarios del Verde en el Ejecutivo, el Legislativo y otras instancias gubernamentales, muestra la imbricación entre el partido y el gobierno, bajo la férula de la primera pareja: el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la senadora Ruth González Silva.
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En ese sentido, el andamiaje esencial del partido no cambia, sólo los nombres de los operadores.
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Un gran robo en la Zona Industrial, en donde ladrones sustrajeron un cajero automático, pone en entredicho la vigilancia de esa área
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Y es de esperarse un nuevo estira y afloja entre el gobierno del estado y la alcaldía capitalina.
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El jueves, El ejecutivo anunció que, presuntamente, había recuperado 220 millones de pesos relacionados con el caso de desvío en la Dirección General de Pensiones.
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La emproblemada dependencia, hay que recordarse, fue blanco de un caso de desvíos en los que participaron funcionarios de la propia dependencia.
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Se hablaba de un monto semejante al que se mencionó ayer y lo que resaltó, fue el destino de los recursos.
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Una parte, de ese monto sería devuelto a la Dirección, mientras que otra, se destinaría a la compra de patrullas policiacas para los municipios.
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Pero, ¿qué no se supone que los recursos que maneja Pensiones pertenecen a los trabajadores estatales, burócratas y maestros, y tienen el fin de garantizar el retiro de los mismos?
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¿Bajo qué normatividad pretende el gobierno estatal utilizar los fondos recuperados, presuntamente saqueados al fondo de retiro, para otros fines distintos? El Ejecutivo debería explicar el asunto, si es que acaso hay justificaciones.
