Opacidad rampante Ley "Mordaza"

Jurídicamente, la Arena Potosí nació el 3 de julio de 2024, fecha en la que se publicó el decreto de su creación en el Periódico Oficial del Estado. En su página web se dan cuenta de los muchos conciertos y eventos privados y públicos que ha celebrado. Informalmente, hasta lo que se conocen los altos precios de bebidas y alimentos que se venden en el concierto.

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Lo que no publica es la información y administrativa y financiera de un organismo público que mueve montañas de dinero y que está obligada a hacerlo.

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Después del año y ocho meses que han transcurrido desde su creación, la Arena Potosí ya publicó información en la Plataforma Estatal de Transparencia. ¿La mala noticia? Es un erial sin datos, pero con muchas justificaciones. ¿La peor? Que los pretextos son violaciones sin rubor de la propia normatividad de la arena.

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Y es que, pese a toda la actividad que ha desarrollado, que debió generar una cantidad importante de información, la Arena Potosí no publica ingresos ni egresos, estados financieros, la nómina, sus bienes, las actas de sus consejos y en general, casi todos sus datos.

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De lo poco que revela la Arena Potosí es que su director, Cristopher Pérez Vargas, no presenta ningún título profesional porque este grado de educación está inconcluso.

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La justificación de esta opacidad es que no se encuentra autorizada su estructura orgánica, lo que es un disparate, porque en su propia página web (https://arena.slp.gob.mx/organigrama/), la arena publica un organigrama con el nombre de las personas a cargo de las doce instancias que lo componen.

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La Arena Potosí también se escuda en los plazos que concede el decreto de creación para crear su estructura y cumplir otras obligaciones, pero los periodos más extensos son de 90 días, que están claramente rebasados.

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Esto indica que si la Arena Potosí no publica casi nada de lo que está obligada a revelar, es simplemente porque no se le pega la gana.

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En la SEGE no enseñan libertad de expresión. La circulación de una orden para que en una dependencia estatal que tiene, literalmente, miles de empleados, sólo el titular tenga la facultad de dialogar con otras instancias es una situación intolerable, porque se supone que es la instancia que debe enseñar valores democráticos a los potosinos.

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La "Ley Mordaza" que estableció Juan Carlos Torres Cedillo para que sólo él sea interlocutor de la secretaría para "informar, comunicar y dar entrevistas ante otras autoridades, medios de comunicación y/o cualquier otra persona" busca centralizar la comunicación, pero también pretendería acotar voces disidentes e incómoda sobre los temas educativas.

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Casos de abusos laborales, conflictos escolares, deficiencias en los servicios o en la infraestructura educativa quedarían escondidos gracias a esa mordaza.

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Paradójicamente, el hecho de que se conozca públicamente el documento es una prueba del fracaso del intento de acallar a los profesores.