Desacato en Pozos Impuesto mata pulmón
El decreto de creación del nuevo municipio de Pozos quedó incumplido parcialmente, al menos en lo que respecta a la definición de la porción de la deuda pública que la alcaldía capitalina traspasará
al concejo.
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En ese sentido, estas dos instancias, el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas son las partes que tendrían la responsabilidad del incumplimiento.
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Hay que recordar que el decreto ordenaba que 90 días hábiles después del nacimiento del nuevo municipio, lo que ocurrió el 1 de octubre, el Concejo debería presentar un reporte financiero con el cálculo del porcentaje de deuda que pasaría de la capital a Pozos.
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Cumplido este paso, el Concejo dialogaría con la alcaldía, el Congreso y Finanzas para determinar si se aceptaba o no o si se llegaba a otro tipo de consenso.
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El plazo acabó este mes y el Concejo no emitió ningún estudio. Pero no fue la única complicación.
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En el inter, de manera unilateral, el gobierno de Enrique Galindo soltó, sin corresponderle, un cálculo que ubicaba en unos 52 millones de pesos la cifra del adeudo, misma que fue rechazada de manera tajante por el Concejo, que se negó a aceptarla.
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Pero no sólo esa cantidad, sino cualquiera que implicara recibir parte del adeudo de la capital.
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Por su parte, el Congreso se deslindó comodinamente de la responsabilidad y en Finanzas no se volvió a tocar el asunto.
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Se supone que incumplir un decreto implica que se cae en un desacato, conducta que debe ser sancionada. Ahora, la pregunta es si las partes involucradas aceptarán esa responsabilidad.
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No es que la aplicación que informaba a la ciudadanía sobre el grado de polución que alcanzaba el aire de la zona metropolitana funcionara como reloj suizo, pero era el único medio por el que la gente se enteraba si corría riesgo por la polución.
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Ahora ni eso. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) anunció que no destinó presupuesto para el mantenimiento de la aplicación, para mejorar las estaciones de monitoreo.
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Con ello, la dependencia reconoció, quién sabe si conscientemente, que la red de monitoreo es un desastre por las constantes fallas que sufría, precisamente, por un mantenimiento deficiente.
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La entrada en vigor de los impuestos ambientales despierta una duda: ¿en qué medida, la intención de mejorar la red de monitoreo ambiental nace de proporcionar un servicio a la ciudadanía más que de tener la herramienta para calcular el tributo que se les cobrará a las industrias?
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La nueva medida fiscal ya está en vigor, pero no se sabe si el gobierno estatal tiene manera de calcular exactamente la polución generada por las industrias para determinar su cobro.
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¡HASTA MAÑANA!
