¿Hasta dónde? Riesgo de violencia
A pocos meses de que se cumpla un año de la tragedia del bar Rich, la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaría una segunda fase de investigaciones, ahora enfocada a los funcionarios y exfuncionarios que pudieran haber tenido alguna responsabilidad por negligencia que hubiera contribuido en la muerte de dos jóvenes y en las lesiones de varios más.
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Hasta el momento, hay cuatro exfuncionarios del ayuntamiento capitalino que fueron destituidos y enfrentaron sanciones administrativas.
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Del lado del gobierno estatal, pese a las evidencias de que de ese ámbito se expidieron autorizaciones al establecimiento, que penosamente, no garantizaba la seguridad de sus clientes, no se emprendió ninguna acción.
Hasta qué punto estará dispuesta a llegar la Fiscalía en esa investigación es imposible saberlo. La FGE, como suele suceder desde hace varías administraciones, es autónoma en teoría, pero en la realidad, obedece a los designios del Palacio de Gobierno.
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La posibilidad de que este asunto se utilice la justicia como un arma política no es inexistente.
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Por otro lado, la FGE tiene el compromiso de cumplirle a los deudos de las víctimas, que han buscado justicia desde el día siguiente de la tragedia.
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No la tiene fácil la FGE en el que quizá sea uno de los desafíos más relevantes de los últimos años.
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El reporte anual de Data Cívica y México Evalúa reveló la preocupante realidad de la violencia política del estado el año pasado en la entidad, que bien no fue tan elevada como en otros estados, pero aumentó con respecto a otros procesos electorales en la entidad.
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No debería ser ignorado por las autoridades y las fuerzas políticas de la entidad por el hecho de que los próximos comicios ocurrirán en tres años.
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El reporte es una advertencia para este mismo año, cuando tenemos en puerta los comicios para renovar los poderes judiciales del estado y de la Federación.
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La posibilidad de que se dé una repetición de las conductas delictivas que ocurrieron el año pasado no es descartable.
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Las precauciones no sobran para prevenir un escenario parecido en estas elecciones para renovar el Poder Judicial.
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La Secretaría de Finanzas pretende evadir hablar sobre las observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), con el sobado argumento de que no ha sido notificada por la instancia auditora.
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Habrá que ver si con la dependencia estatal aplica la misma disposición que con la alcaldía capitalina, emitida por el propio IFSE, en el sentido de que desde diciembre, todos los entes fiscalizados ya fueron informados de los resultados de sus revisiones y de que incluso han tenido oportunidad de solventar algunas observaciones.
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Es de esperar otro señalamiento del IFSE en esa dirección, motu proprio, como ocurrió en el caso del ayuntamiento, para dejar clara la situación.
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¡HASTA MAÑANA!
