Omisión legislativa Más relevos
Muy mal parados quedan los diputados locales con la omisión de cumplir con lo que estaban obligados a realizar para adecuar a la legislación local las nuevas disposiciones en materia de transparencia.
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Como si de por sí, la reforma misma no fuera polémica, al ser diseñada por la 4T para demoler el sistema de transparencia de la información pública que, con todo y sus asegunes, ofrecía a los ciudadanos algún grado de satisfacción en el cumplimiento de sus derechos en la materia.
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La reforma para desaparecer a los organismos autónomos, incluyendo al de transparencia, fue concretada por el Legislativo federal en diciembre del año pasado. Establecía un plazo de 90 días para que éste diseñara las reformas complementarias necesarias y a los Congresos estatales, un lapso igual para que, a partir de esta aprobación, realizaran lo conducente en las entidades.
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Dicho periodo concluyó ayer, sin que el Congreso cumpliera. Peor aún, la diputada Diana Ruelas, presidenta de la Comisión de Transparencia, reveló cuán atrasado están los diputados en cumplir esa obligación. No existe siquiera una ruta para iniciar un procedimiento que ya debería haberse concluido.
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El Congreso se tiró a la hamaca tres meses y los potosinos ven cómo sí ya deteriorado derecho a la transparencia en la información pública se deteriora.
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La enésima oleada de cambios en el gabinete estatal parece haber iniciado previamente al cuarto informe de gobierno.
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En el Inpode, Joaquín García Martínez sobrevivió ocho meses al escándalo que se desató por las acusaciones de acoso y maltrato de una colega de gabinete, la entonces titular del Inpojuve, Alejandra Camacho, lo acusara de acoso y otras anomalías; y del escándalo de que un cercano colaborador chocara, en estado de ebriedad y en una unidad de la dependencia, contra una glorieta. Ayer fue sustituido por Francisco García Serrano.
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García Martínez recibió otra oportunidad y tendrá a su cargo los parques Tangamanga.
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El retraso que ha afectado a obras de la Seduvop contagió a la Unidad Administrativa Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. El edificio debió haber concluido en mayo y es fecha de que no se ha terminado.
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¿También se cobrará alguna multa a la empresa responsable, como ocurrió con el atraso en los puentes sobre la carretera a Rioverde?
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Y, ¿cuál es la empresa responsable? Hay que recordar que, en materia de transparencia, el ayuntamiento soledense es absolutamente opaco.
