Sombrero ajeno La vivienda sigue cara
Se tardaron un día, pero en Palacio de Gobierno hicieron uso propagandístico de la noticia del descenso de la pobreza multidimensional en San Luis Potosí.
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Desde luego, que el mérito fue atribuido al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona… lo que tiene sus asegunes.
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De inicio, lo obvio: las medidas que el Inegi ubicó como motivos principales del descenso fueron la mejora de ingresos por la vía de los incrementos del salario mínimo establecidos por el gobierno federal, que es el que tiene la atribución de hacerlos.
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Y también están las matemáticas básicas. De los 66 mil 769 millones de pesos que ejerció San Luis en 2024, el 89 por ciento tuvo origen federal y sólo 11 por ciento fue generado por la administración estatal.
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De la primera suma, 52 mil 200 millones corresponden a los ramos 28 y 33, de donde sale la mayor parte del monto de los apoyos sociales.
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No hay una cifra específica sobre los montos destinados por ambos niveles de gobierno a los apoyos sociales, pero es de suponerse que guardan la misma proporción.
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Por otro lado, el comunicado oficial de gobierno adjudica a esta administración haber sacado de la pobreza a 340 mil potosinos entre 2020 y 2024.
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El enunciado no toma en cuenta que del periodo entre 2020 y 2022, cuando el Coneval, aún vigente entonces, registró un descenso de 193 mil 600 personas, la cifra más alta de los 4 bienios, el gobierno gallardista sólo estuvo en funciones el último trimestre de 2021, y la mayor parte de ese lapso correspondió a la recta final del gobierno de Juan Manuel Carreras López.
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Habría que precisar cuántas personas pudieron haber abandonado la condición de pobreza en un trimestre.
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El bienio 2022-2024, ese sí correspondiente 100% a este gobierno, la cifra de personas que dejaron la pobreza fue menor, 145 mil 600.
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Era previsible que la administración estatal aprovechara esta situación con propósitos lucidores. Y también lo era que para ello, usara datos inexactos.
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El mercado inmobiliario en la entidad potosina no ha podido generar condiciones para moderar los precios de las viviendas, lo que equivale a dejar sin ese derecho a miles de personas en el estado.
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Urge que el programa de vivienda asequible, impulsado por el gobierno federal, y en el que también participa la administración estatal se active y generen condiciones mejores para hacer efectivo ese derecho.
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