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Incrementa el delito de allanamiento de morada en San Luis Potosí

La seguridad de las familias potosinas se ve comprometida por estos actos ilegales

Por Samuel Moreno

Agosto 03, 2025 12:38 p.m.

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Incrementa el delito de allanamiento de morada en San Luis Potosí

El delito de allanamiento de morada, que consiste en la entrada o permanencia no autorizada en el domicilio de otra persona, ya sea mediante el uso de la fuerza o el engaño, continúa siendo una problemática persistente en México, a pesar de las estrictas sanciones que conlleva. En este contexto, el estado de San Luis Potosí no es ajeno a esta realidad, ya que, durante el primer trimestre de 2025, las autoridades de seguridad han reportado un aumento en la incidencia de este tipo de delitos en comparación con el año anterior.

El allanamiento de morada es una clara violación a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, principios fundamentales protegidos por la ley. De acuerdo con el informe de Incidencias Delictivas del Fuero Común correspondiente al año 2024, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí registró un total de 278 casos de allanamiento de morada. Mayo fue el mes con la mayor incidencia, con 59 casos, seguido de enero con 50, febrero con 30, marzo con 44, abril con 49 y junio con 46.

En 2025, la cifra aumentó a 308 casos durante el mismo periodo, lo que representa un incremento de 30 delitos en comparación con el año anterior. Aunque este aumento puede parecer modesto, es importante señalar que muchos de los infractores han estado cometiendo este delito durante más de una década, lo que tiene un impacto negativo sobre el patrimonio y la seguridad de las familias potosinas.

Es relevante mencionar que, en el informe del Secretariado Ejecutivo, no se especifica si los delitos de allanamiento fueron cometidos con violencia o mediante engaños. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha ejecutado diversas órdenes de aprehensión contra los responsables de estos hechos. No obstante, las víctimas suelen enfrentar demoras en la atención y respuesta por parte de las autoridades, lo que complica la pronta resolución de los casos.

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