Cuidadoras potosinas lamentan indiferencia legislativa

Mariana Hernández Noriega, presidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas, denunció la persistente indiferencia legislativa hacia la iniciativa de Ley de Protección a Personas Cuidadoras, presentada en colaboración con el diputado Marco Gama, y cuyo avance se ha visto obstaculizado en el Congreso local por motivos políticos y falta de voluntad.

En entrevista, Hernández Noriega explicó que la visita de la diputada federal Patricia Mercado a San Luis Potosí tuvo como propósito revisar el estatus de la iniciativa, que integra aportaciones tanto del colectivo como del partido Movimiento Ciudadano. 

La activista también evidenció casos en los que, a pesar de haber sentencias favorables en tribunales colegiados —incluyendo un juicio laboral propio y otro en materia de salud de una compañera— las autoridades han incumplido sus obligaciones. Uno de los casos se refiere al acceso negado a atención médica en el IMSS para un menor, y el otro, al incumplimiento de ajustes razonables en el horario laboral para una madre cuidadora. "Con todo y sentencias, los empleadores no quieren hacer ajustes razonables para las cuidadoras", acusó.

Además de la ley general, la organización busca el rescate de dos iniciativas adicionales presentadas en legislaturas pasadas: el reconocimiento constitucional de las personas cuidadoras y una modificación para que los deudores alimentarios sean incorporados al padrón antes de los tres meses si el menor tiene una condición de salud que requiere cuidados. Ambas propuestas, señaló Hernández, no requieren presupuesto, sino únicamente voluntad política.

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La activista lamentó que el avance de las propuestas se haya visto entorpecido por disputas partidistas entre diputadas y diputados locales. "En vez de enfocarnos a rescatar o hacer el trabajo... me dedico a politizar y me dedico a pararme en una tribuna a tirarle al compañero. Nosotras no podemos ni salir a laborar, menos podemos andar viniendo uno por uno a hablar lo que ya saben", criticó. 

Finalmente, advirtió que congelar la iniciativa sin justificación es una forma de violencia institucional y de género.