Video | Ahora la censura se disfraza de "violencia de género"
R3D y CO coinciden en que autoridades distorsionan la figura legal

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que la figura de violencia política en razón de género (VPG) se está utilizando de forma distorsionada por autoridades electorales para restringir expresiones legítimas en internet.
En su informe más reciente, la organización documentó que entre 2016 y 2023, el 20% de las solicitudes de medidas cautelares ante el INE derivaron en remociones de contenido, sin una resolución definitiva ni prueba de daño.
Un caso reciente ocurrió en Sonora, donde una ciudadana fue sancionada por un tuit que cuestionaba presunto nepotismo entre la precandidata del PT, Diana Karina Barreras Samaniego y su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Aunque se trataba de una crítica política, el INE ordenó eliminar la publicación, y el Tribunal Electoral federal ratificó la decisión.
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R3D advierte que esto viola el artículo siete constitucional, que prohíbe la censura previa y sienta un precedente grave contra la libertad de expresión. Además, recuerda que según la jurisprudencia de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión goza de protección reforzada cuando se trata de temas de interés público y su limitación solo puede ser posterior, proporcional y justificada.
Enfatiza que ordenar eliminar un tuit o publicación antes de un fallo es equiparable a impedir la distribución de un periódico o apagar una estación de radio, una medida extrema que solo se justifica en casos excepcionales.
En San Luis Potosí, el activista José Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, respaldó la denuncia de R3D y advirtió que el uso indebido de la VPG también se ha presentado en lo local.
Uno de los casos fue el del periodista Juan José Rodríguez, quien fue denunciado por la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, tras publicar columnas críticas.
La Sala Regional Monterrey del TEPJF desechó la denuncia y resolvió que las expresiones formaban parte del debate público, no de una agresión basada en el género.
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