› Cobro a debate › Pozos, opaco
Parece que a la Federación no le gusta que le pisen sus callos y no ha dudado en llevar a los tribunales a los municipios que han incluido en sus Leyes de Ingresos el cobro de la licencia de uso de suelo para diversa infraestructura que le corresponde administrar a dependencias federales, como las vías férreas, la infraestructura eléctrica e incluso cuarteles militares.
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Las controversias constitucionales presentadas contra las leyes de ingresos de Zaragoza, Villa de Reyes, Villa de Ramos y Villa de Arriaga de este año se presentaron ante el Congreso y el Ejecutivo porque al primero le correspondió la aprobación de las normatividades municipales y al segundo, su publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo que le dio validez oficial.
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Pero en realidad, son los ayuntamientos el verdadero blanco. El gobierno federal pretende anular esos cobros para liberar a esa infraestructura de los impuestos municipales.
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Aunque de naturaleza distinta, esta situación recuerda a la que enfrentó el ayuntamiento de San Luis capital, hace varías administraciones, cuando pretendió cobrar a las empresas telefónicas por las casetas que se instalaron en las calles hace unos años.
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El poder de Carlos Slim fue superior y echó por tierra esa pretensión en los tribunales, con todo y que el ayuntamiento de entonces, a cargo de Victoria Labastida, ya había incluido en su presupuesto de ingresos el supuesto cobro a la telefónica.
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Los procesos no se han resuelto aún pero no sería raro que los municipios involucrados tengan que recular.
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El municipio más nuevo del estado no pudo abandonar los viejos vicios. Villa de Pozos podría enfrentar sanciones luego de que mantiene congelada la información que está obligada a ofrecer a la ciudadanía.
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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) le da como plazo hasta hoy para que libere una parte de la información que tiene varios meses de retraso.
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En la comisión desnudaron el modus operandi con el que la autoridad municipal hace como para que cumple las obligaciones de transparencia: presentar las bases de datos de los reportes requeridos, pero llenos de información basura, sin ninguna información útil.
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Que de hecho, es el mecanismo fraudulento que usan casi todas las autoridades de los poderes, dependencias, municipios y órganos autónomos que disfrazan la opacidad de transparencia.
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Otro pendiente de este municipio es que ha transcurrido casi un año sin que haya logrado generar su página de internet, uno de los principales vehículos de información de los que disponen casi toda autoridad actualmente.
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En tiempos es en que hasta el más novato en las redes puede levantar una página en relativo poco tiempo, parece increíble que una autoridad sea incapaz de lograrlo.
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Habrá que ver si el Concejo acata el mandato de la CEGAIP que, por lo demás, está debilitada en el ocaso de su existencia, que no sería raro que el Consejo lo ignorará.
