Se van sin pagar Decreto incumplido
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) actúa también de cobrador en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos por irregularidades cometidas en los distintos comicios que se han registrado.
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Pero será interesante saber cómo va a actuar cuando el deudor ya no existe. Dos partidos ya extintos, Conciencia Popular y el Movimiento Laborista, suman poco más de doce millones de pesos en sanciones pendientes de pago.
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El que fue el imperio de la familia Vera es el mayor deudor, con 11.6 millones de pesos, mientras que los laboristas deben 557 mil pesos.
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El problema es que ambos partidos perdieron su registro, pues en el último proceso electoral en que participaron, no consiguieron alcanzar la votación mínima para mantenerse en la competencia, por lo que fueron declarados extinguidos y en proceso de liquidación.
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¿Quién responderá por las sanciones pendientes? El punto quizá requiera reformas para impedir que este tipo de instituciones se vayan sin pagar.
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A principios de año, la emisión de un decreto legislativo que modificaba los usos de suelo y tipos de negocios aceptables para establecerse en la Zona Industrial causó recuelo, pues abría la puerta para que en un área en la que se manejaban residuos peligrosos y había riesgo de accidentes industriales, podrían establecerse cualquier tipo de negocios, lo que inquietó a los industriales.
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Y a la alcaldía, que reaccionó presentando una controversia constitucional, la 9/2025, contra el decreto y la consiguiente modificación en la planeación del estudio de factibilidad y normativa para la delimitación y localización de usos de suelo, giros comerciales y de servicios en la Z. I.
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Esta acción estaba ordenada en el decreto a la Sedeco, para que se coordinara con organismos empresariales.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el reclamo. Luego, el asunto pareció olvidarse.
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Un documento de la SCJN emitido en junio pasado, señala que el proyecto de resolución planteado por el entonces magistrado Javier Laynez Potisek podría explicar por qué.
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De acuerdo al documento, la controversia fue desechada debido a que la Sedeco, en el informe que le fue requerido, señaló en abril pasado que no se había realizado, hasta entonces, ningún acto relativo que afectara la planeación en la Z. I.
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Es decir, que la orden en el decreto, al menos hasta ese momento, no se había realizado. Al ser inexistente el acto reclamado por la alcaldía, la controversia se quedaba sin materia y fue desechada.
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Habrá que actualizar el estado de cosas de ese decreto, para saber si prosiguió o si sólo fue un amago que se detuvo por la oposición que despertó.
