Ni tan limpio Escena del crimen
El Poder Judicial del Estado enfrenta la posibilidad de que uno de sus magistrados electos sea defenestrado por incumplir los requisitos legales requeridos para presentar su candidatura en los comicios judiciales, pero aún así, el gobierno estatal persiste en presentar el proceso como ejemplar.
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En un foro sobre el proceso en la entidad, el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez elogió los resultados, señalando que el nuevo Poder Judicial local tiene bases democráticas y transparentes.
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Pero al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene “al filo de la navaja” el asiento de José Luis Ruiz Contreras, irónicamente, excolega de gabinete de Torres Sánchez, al haber fungido como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y antes, ocupar la Fiscalía General del Estado.
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El no haber renunciado dentro de los plazos legales a su cargo público fue el requisito que incumplió y ahora, dejó muy expuesto al exfuncionario estatal.
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Por eso, que se elogie la calidad del proceso de la reforma judicial en San Luis hace levantar más de una ceja.
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El megaproceso que emprendió el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, contra una banda de huachicoleros de alto nivel tiene sus conexiones con San Luis Potosí.
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Desde sus antecedentes de hace algunos meses, con un cuantioso decomiso ocurrido en Coahuila de decenas de carros cisterna con millones de litros de combustible ilegal. El convoy procedía de San Luis y pertenecía a una empresa asentada aquí.
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Y entre las detenciones del viernes pasado, entre las que estuvieron altos mandos de la Marina, se registró una en la Huasteca. El blanco fue un empresario huasteco, cuya identidad se desconoce.
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Estos hechos develan el papel central que está teniendo la entidad en esta actividad criminal.
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La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de nuevo está en el candelero por su omisión de operar con eficiencia el sistema de monitoreo ambiental capitalino.
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Ahora, se descubre que los resultados de los monitoreos son inaccesibles, lo que rompe completamente la naturaleza pública del sistema.
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Y no se puede establecer la razón, porque el sistema funciona al 75 por ciento, al estar sin funcionamiento una de las cuatro estaciones de medición que se ubican en la Zona Metropolitana.
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Con la imposición del impuesto ambiental vino con promesas de mejora de la dependencia, pero se está viendo lo contrario, que las fallas persisten.
