› Nada claro › Amplio rezago
Pues no hubo nada en concreto sobre un eventual pago de la suma que el gobierno del estado adeuda a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tras la reunión entre secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres, y el rector Alejandro Zermeño.
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En la UASLP, la negativa de algún compromiso, en especial económico, fue total y tajante. En la SGG, se aderezó al máximo la reunión para hacerla parecer cordial, pero en materia de pagos, se le dio más vueltas al asunto que un trompo. De hecho, no se reconoció un adeudo, sino más bien, un asunto de conciliar cifras.
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Así, el encuentro pareció más bien una estrategia de la administración gallardista para despresurizar el desencuentro con la UASLP y comprar tiempo.
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Y mientras, el adeudo del gobierno estatal se sigue incrementando. De 173 millones que se acumularon en julio, pasó a 179.7 hasta el 15 de agosto, según el Tablero de cumplimiento de ministraciones de la aportación estatal de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal.
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Tras la “fiesta de la democracia” que dio pie a las actuales autoridades judiciales, viene la resaca. Al atraso usual de asuntos atendidos en los juzgados federales, se le sumó el que se generó durante las turbulentas fases de preparación, desarrollo y formalización de la reforma, que se extendió a la transición entre el extinto y el actual poder.
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Son miles de expedientes los que no han sido atendidos desde hace meses, de todas las índoles: penal, mercantil, civil y de otras naturalezas jurídicas.
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Esa lentitud afecta a empresas, instituciones, individuos y familias, que han visto paralizados sus casos.
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A ver si, además de toda la voluntad democrática e inclusión que presumen en su arranque, las nuevas autoridades le agregan eficiencia y rapidez en su gestión.
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Está bien que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado exhiba mucha voluntad para auditar o intervenir en presuntas anomalías de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la alcaldía capitalina, casualmente, instituciones no muy del agrado del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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Pero en el propio gobierno del estado abundan las opacidades y aparentes o evidentes anomalías en la Seduvop, Finanzas, el Patronato de la Fenapo, la CEA, la Segam y otras instancias. Sería bueno que el rayo fiscalizador también se dirija en esas instancias.
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O quizá el auditor superior, Joaquín Lecourtois, no quiera incomodar a sus compañeros de gabinete, o a su ex jefe, el gobernador.
