Tribunal de apelaciones cuestiona justificación de Trump sobre aranceles

WASHINGTON (AP) — Los jueces de un tribunal de apelaciones expresaron el jueves un amplio escepticismo en torno a la justificación legal del presidente Donald Trump para implementar su ronda más extensa de aranceles.

Miembros del panel de 11 jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en Washington parecían no estar convencidos ante la insistencia del gobierno de que el presidente podía ordenar los aranceles sin la aprobación del Congreso, y criticaron que, para hacerlo, haya invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus iniciales en inglés).

"La IEEPA ni siquiera menciona la palabra ´aranceles´", dijo el juez de circuito Jimmie Reyna, en una muestra de la incredulidad del panel ante los argumentos de un abogado del gobierno.

Brett Shumate, abogado que representa al gobierno federal, reconoció en la audiencia que "ningún presidente ha interpretado la IEEPA de esta manera", pero argumentó que, no obstante, era legal.

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La ley de 1977, promulgada por el presidente Jimmy Carter, le permite a un mandatario incautar activos y bloquear transacciones durante una emergencia nacional. Fue utilizada por primera vez durante la crisis de rehenes en Irán y desde entonces se ha invocado para una serie de disturbios globales, desde los atentados terroristas del 11 de Septiembre hasta la guerra civil en Siria.

Trump asegura que el déficit comercial del país es tan grave que, por lo tanto, también es elegible para las protecciones que otorga la ley.

Durante algunos intercambios punzantes con Shumate, los jueces de apelación cuestionaron esas afirmaciones, preguntando si la ley se extendía a los aranceles en absoluto y, de ser así, si los gravámenes coincidían con la amenaza que el gobierno identificó.

"Si el presidente dice que hay un problema con nuestra preparación militar", planteó la jueza principal del circuito, Kimberly Moore, "y él impone un impuesto del 20% sobre el café, eso no necesariamente parece abordar (el problema)".

Shumate dijo que al momento en que el Congreso aprobó la IEEPA, le otorgó al presidente un poder "amplio y flexible" para responder a una emergencia, pero que "el presidente no pide una autoridad ilimitada".

Pero un abogado de la parte demandante, Neal Katyal, calificó la maniobra de Trump como una "impresionante" toma de poder que equivalía a decir "el presidente puede hacer lo que quiera, cuando quiera, durante el tiempo que quiera, siempre que declare una emergencia".

No se emitió un fallo desde el estrado. Independientemente de la decisión que tomen los jueces en sus deliberaciones, se tiene previsto que el caso llegue a la Corte Suprema federal.

Trump opinó sobre el caso en su plataforma Truth Social, publicando: "A todos mis grandes abogados que han luchado tan duro para salvar a nuestro país, buena suerte en el gran caso de Estados Unidos de hoy. Si nuestro país no pudiera protegerse usando aranceles contra aranceles, estaríamos ´muertos´, sin oportunidad de sobrevivir o tener éxito. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

En los documentos presentados en el caso, el gobierno federal insiste en que "existe una emergencia nacional" que requiere de su política comercial. Sin embargo, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una corte federal especializada en Nueva York, no se convenció, dictaminando en mayo que Trump excedió su autoridad.

El asunto ahora recae en los jueces del tribunal de apelación.

La impugnación se enfoca en apenas un lote entre la serie de impuestos sobre las importaciones que ha implementado el gobierno, y podría estar lista para revelar más el viernes.

El caso gira en torno a los llamados aranceles del "Día de la Liberación" que ordenó Trump el 2 de abril, los cuales impusieron nuevos gravámenes sobre casi todos los países. Pero no cubre otros aranceles, como aquellos sobre el acero, aluminio y automóviles extranjeros, ni los impuestos a China durante el primer mandato de Trump, que continuaron durante el gobierno del presidente Joe Biden.

El caso es uno de al menos siete demandas que acusan a Trump de exceder su autoridad mediante el uso de aranceles sobre otras naciones. Entre los demandantes se encuentran 12 estados del país y cinco empresas, incluido una importadora de vino, una empresa de venta de tuberías y productos de fontanería, y un fabricante de equipos de pesca.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad para imponer impuestos —incluidos los aranceles— pero, durante décadas, los legisladores le han cedido a la Casa Blanca el poder sobre la política comercial.

Trump ha aprovechado al máximo el vacío de poder, elevando el arancel promedio de Estados Unidos a más del 18%, la tasa más alta desde 1934, según el Budget Lab de la Universidad de Yale.

El fiscal general de uno de los estados demandantes expresó su confianza después de la audiencia, argumentando que los jueces "no compraron" los argumentos del gobierno de Trump. "Definitivamente preferirías estar en nuestros zapatos para lo que viene", dijo el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.

Rayfield dijo que los aranceles de Trump —que son pagados por los importadores en Estados Unidos que a menudo intentan trasladar el aumento de costos a sus clientes— equivalen a uno de los mayores aumentos de impuestos en la historia del país. "Todo esto fue hecho por un solo ser humano sentado en el Despacho Oval", dijo.