Economía Circular: de la basura al valor
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Hay momentos en que una ciudad tiene que elegir entre seguir parchando el naufragio o reconstruir el barco. San Luis Potosí está justo ahí: frente a una decisión que no admite dilaciones ni maquillaje verde. La pregunta es simple y, a la vez, decisiva: ¿queremos seguir pagando —con salud, impuestos y territorio— la economía del “usar y tirar”, o nos atrevemos a transitar hacia un modelo que convierta residuos en insumos, costo en ahorro y contaminación en oportunidad? De eso trata la economía circular. Y de eso debería tratar una legislación estatal seria, verificable y participativa.
La Zona Metropolitana de San Luis Potosí arrastra problemas crónicos de residuos, aire y agua que no se resuelven con campañas de recolección esporádicas ni con promesas de “más camiones”. Necesitamos cambiar la lógica del sistema: diseñar productos para durar, reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar; separar desde el origen; cerrar ciclos industriales; y medir con métricas públicas, no con boletines. Este tránsito no solo es ambiental: es económico (reduce costos, eleva productividad, abre mercados), social (genera empleos de calidad en reparación, reciclaje y servicios circulares) y sanitario (menos contaminación, menos enfermedades).
No partimos de cero. La capital potosina ha impulsado acuerdos y programas que colocan el tema en la agenda; incluso se ha publicitado la firma de un Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, reconociendo a San Luis Potosí por su gobernanza y compromiso ambiental, y difundiendo una definición útil —la de Profeco— que pone el énfasis en reducir residuos, reutilizar y reciclar, con beneficios como eficiencia energética y productos más duraderos. Esa narrativa ayuda y debe sostenerse con resultados verificables.
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En paralelo, el Congreso del Estado anunció el inicio de trabajos para una Ley de Polos de Economía Circular, con énfasis en zonas industriales especializadas para tratamiento de residuos, esquemas de saneamiento y reutilización, incentivos a maquinaria ambientalmente amigable y, se ha dicho, articulación con una política de “impuesto verde”. La intención es buena; lo determinante será el diseño institucional, los estándares y el control social.
Lo que debe contener una buena ley
(y su reglamentación):
1.- Jerarquía de manejo de residuos y metas obligatorias. La ley debe establecer la jerarquía clásica: prevenir > preparar para la reutilización > reciclar > valorización energética > disposición final, con metas anuales claras y crecientes de prevención, reutilización y reciclaje por fracción (orgánicos, papel/cartón, vidrio, metales, plásticos, escombros). Sin metas, no hay política; hay poesía.
2.- Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Quien pone productos y envases en el mercado debe asumir la gestión postconsumo y financiar sistemas de retorno, remanufactura y reciclaje. La REP no es un castigo: es un incentivo de diseño para que lo que vendes sea más fácil de reparar, desmontar y reciclar.
3.- Compras públicas circulares. El gobierno es un comprador gigantesco. Si exige contenido reciclado, diseño modular, reparabilidad, alquiler/servitización (pagar por el uso, no por la propiedad) y vida útil prolongada, cambia el mercado en meses. Cada licitación debería incluir criterios circulares con ponderaciones mínimas obligatorias.
4.- Obligación para municipios y estado en licitaciones. Otro factor clave para el éxito es que se obligue a los gobiernos municipales y estatal a que, en todas sus licitaciones y contrataciones públicas, se prefiera a personas físicas y morales que acrediten o cuenten con certificaciones que demuestren la aplicación de modelos efectivos de economía circular. Con ello se incentiva a empresas y proveedores a sumarse a estos sistemas, creando un círculo virtuoso entre política pública, mercado y ciudadanía.
5.- Infraestructura y polos: sí, pero con reglas. Los “polos” o parques de economía circular pueden articular simbiosis industrial (el residuo de una empresa como insumo de otra), plantas de compostaje, centros de reparación y reuso, clusters de materiales. Pero no deben convertirse en zonas de excepción. Cualquier incentivo fiscal tiene que amarrarse a resultados medibles: toneladas evitadas de relleno sanitario, reducción de emisiones, empleos verdes creados, contenido reciclado en productos. Sin resultados, se pierde el beneficio.
Continuamos la siguiente semana…
Delírium trémens.- Mientras el gobernador acusa a los amparos y procesos legales de “obstaculizar el desarrollo” de San Luis Potosí, lo cierto es que esas acciones de defensa ciudadana buscan frenar obras arbitrarias, sin consenso y con graves impactos ambientales. El desarrollo no puede construirse a costa de destruir árboles, contaminar o imponer proyectos que violan derechos humanos. El verdadero camino es el desarrollo sostenible, con participación ciudadana, justicia ambiental y activismo jurídico que protege nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro derecho a la ciudad. Porque sin justicia ambiental no hay justicia social.
@luisglozano
