Denuncian que FGE encubre a titular de PDI en Matehuala

MATEHUALA.- Rebeca Mireles, exempleada del Ayuntamiento de Matehuala, denunció omisiones sistemáticas y encubrimiento institucional dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), que han impedido que se haga justicia en contra de Melchor Eduardo Castillo Orozco, actual titular de la Policía de Métodos de Investigación (PDI) en ese municipio.

La mujer acusa a Castillo Orozco de haberla agredido física y emocionalmente, así como de haber difundido sin consentimiento videos íntimos durante los seis años que fueron pareja. Aunque el funcionario fue vinculado a proceso por violencia familiar, el delito de difusión ilícita de imágenes, denunciado desde septiembre de 2022, sigue impune.

"Perdí mi empleo, estuve muy mal emocionalmente. Tuve que emigrar a Estados Unidos por el miedo que tenía", declaró a Pulso.

Rebeca asegura que, aunque existen elementos suficientes para solicitar una audiencia inicial, los fiscales se han negado reiteradamente a actuar. Incluso acudió directamente con Pedro Martínez Perales, delegado segundo de la Fiscalía, sin obtener respuestas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También denunció que Castillo la grababa sin consentimiento y la amenazaba con difundir los videos si ella lo dejaba. Uno de los clips fue enviado por WhatsApp, con su rostro visible. Pese a que su equipo legal solicitó actos de investigación sobre los teléfonos implicados y la conservación de datos, el Ministerio Público no ha hecho nada.

Además, denunció encubrimiento dentro de la propia Fiscalía. Un agente identificado como Erik le confesó que había rendido un informe clave que "le ordenaron no entregar".

"Me dijeron que lo guardara, que no lo entregara. Así me dijo, entre los labios. Eso fue hace un año y desde entonces nada ha avanzado", aseguró Mireles.

Su equipo jurídico presentó una denuncia ante el visitador general Carlos Gustavo Rodríguez Cruz, así como una queja dirigida al Vicefiscal José Pedro Gómez Ávila, solicitando que la carpeta de investigación se traslade a la capital, debido a los evidentes conflictos de interés.

También señaló que Castillo Orozco sigue en funciones, lo que complica aún más el proceso.

"Él está al mando de todos los policías investigadores. ¿Cómo va a permitir que lo investiguen?", cuestionó.

Reclamó además que no se ha aplicado la Ley 3 de 3, que impide a agresores ocupar cargos públicos.

"Mis abogados han solicitado que se le separe del cargo o lo trasladen a otra ciudad, pero no han acordado nada. Hay un interés por cubrirle las espaldas desde la Fiscalía, incluso ya se llegó hasta los jueces".

Por temor a represalias y estigmatización, Mireles envió a sus hijos a Estados Unidos:

"Ya no volví a ser yo. Tengo tres hijos. En ese entonces eran adolescentes y por el miedo de que alguien les mostrara el video y les dijeran ´mira a tu mamá´, los mandé lejos".

Finalmente, subrayó que la impunidad ha tenido un alto costo personal:

"Él me mató en vida. Yo ya estaba desempeñándome en lo que me gustaba, me apagó. Ya no pude disfrutar mi vida. Busco que mis hijos vean que su mamá hizo lo posible para que se hiciera justicia".

Te puede interesar:
Detenido por presunto robo no es policía en activo, aclara SSPC