› Salones vacíos › Grosero olvido
Un intenso foco rojo se prende con la revelación de la magnitud de la deserción escolar en el nivel medio superior.
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Catorce de cada cien alumnos que iniciaron el ciclo que concluyó el año pasado se quedaron en la antesala de la universidad (que tampoco tiene una cifra tranquilizadora de deserción: seis por ciento), lo que implica un terrible desperdicio de capital humano para una sociedad que exige una ciudadanía mejor educada en todos los ámbitos.
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Los números de la SEP, enfatizados por la organización Educación con Rumbo, nos ponen ante la realidad de que para un sector importante de nuestra juventud, el ascenso social por vía de la educación es un camino bloqueado.
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Y también hay que apuntar que los alumnos que abandonan la escuela son blanco fácil de las actividades ilegales, e incluso vinculados con el crimen organizado, que gustosos recibirían en sus filas a los que abandonaron los salones de clase.
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Se tiene que realizar un esfuerzo de parte de las autoridades educativas y de las familias por mantener a los jóvenes en ese nivel, además de conocer directamente las causas que provocan ese alto grado de deserción.
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El Congreso estatal comete un serio error al retrasar la iniciativa para crear una Ley de Protección de Personas Cuidadoras, orientada a tutelar los derechos de las personas encargadas de brindar apoyo a quienes algún padecimiento físico o de otra naturaleza le impiden valerse por si mismas.
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Promotores de la legislación se quejan de que las personas cuidadoras enfrentan abusos e injusticias laborables, posibles por la falta de legislación.
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La propuesta lleva meses atorada en los laberintos legislativos, en buena medida por la politización en la que frecuentemente incurren los diputados.
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En lugar de dar atención y celeridad a las ocurrencias que les envían desde los otros poderes, como la idea de arrebatar el predial a los ayuntamientos, los legisladores deberían atender lo que en realidad vale la pena.
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A propósito de esto, la alcaldía apeló a la prudencia para evitar pronunciarse directamente sobre esta idea del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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Enrique Galindo, el alcalde, está en una posición desventajosa, políticamente hablando, y calcula en función a sus intereses para evitar un choque asimétrico.
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Pero igual no se hubiera visto mal asumiendo una postura más firme ante el despropósito propuesto desde Palacio. Fundamentos legales no le faltan.
