El TEE, a prueba Otro sinsentido
El Instituto Nacional Electoral (INE) está recibiendo críticas por la suavidad de las sanciones contra candidatos infractores que participaron en la pasada elección judicial.
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En especial, los que aparecieron en las distintas versiones de “acordeones” que circularon en todo el país, en los que se vinculaban a los aspirantes a un partido o a un gobierno estatal.
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Además, candidatos a magistrados de la SCJN que incurrieron en anomalías y que han sido vinculadas al oficialismo fueron sancionados con multas económicas muy bajas.
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Aunque sí retiraron de sus cargos a cinco candidatos ganadores, incluyendo a una jueza de primera instancia de San Luis Potosí que había omitido presentar su reporte de gastos.
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Aquí, el Tribunal Estatal Electoral va a tener su prueba de fuego con los casos de los 4 magistrados electos del STJE que no cumplieron con el requisito de una calificación universitaria mínima de ocho.
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Aunque el largo tiempo de deliberación genera inquietud, el TEE dice que está indagando todas las aristas del caso.
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Del fallo que determinen los magistrados electorales depende la credibilidad de la institución.
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El ayuntamiento capitalino tiene que ser muy claro en su plan de intervenir varias fincas privadas en malas condiciones, empezando con la casona de Carranza y Tres Guerras.
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Porque a primera vista, parece un uso de recursos públicos para beneficiar a particulares que han omitido su responsabilidad de darle mantenimiento a sus fincas.
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Es cierto que el abandono de la finca ha generado problemas de seguridad pública y de imagen urbana, pero no queda claro por qué debe el ayuntamiento asumir la responsabilidad de repararla y no presionar y obligar a los propietarios a asumir la responsabilidad.
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Igual ocurre con el resto de las fincas que la presidencia municipal ya anunció que proyecta reparar con un esquema similar.
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A menos que el ayuntamiento capitalino esté dispuesto a asumir la responsabilidad de reparar toda finca en la ciudad cuyos dueños acudan a pedir el mismo trato, el asunto semeja a la situación en que cayó el gobierno del estado de resarcir el daño que sufrió el propietario de un negocio de artículos de lujo que fue afectado por la delincuencia.
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En ambos casos, se trata de una situación inviable, de la que el gobierno estatal hizo el esfuerzo de escapar, pero no logró evitar la controversia.
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El gobierno del estado se enfila a un revés legal con su plan de obligar a los municipios para obligar a los ayuntamientos a establecer un sistema de pensiones para sus policías.
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Al igual que el reciente sinsentido de hacerse de la administración del cobro del impuesto predial de la capital, se va a topar con el artículo 115 de la Constitución federal, que garantiza la autonomía financiera de los municipios.
