Se acabó lo amable Alerta necesaria
De Todos | Gallardo rompe la "cordialidad"
La ficción de la "entente cordiale" que el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona se inventó para decir que hay una relación cordial con el ayuntamiento que preside Enrique Galindo Ceballos voló ayer por los aires, al apuntar al presunto financiamiento con recursos públicos municipales de campañas mediáticas que, según la acusación, difunden noticias falsas sobre el gobierno estatal.
En la versión del mandatario estatal, el ayuntamiento habría destinado 100 millones de pesos a portales, plataformas de redes sociales y a otros medios "no oficiales" para difundir fake news de la administración.
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El último caso sería, en su versión, el ligar a un socio de empresas relacionadas con equipo de seguridad detenido en un cateo realizado por fuerzas federales en La Loma, a su administración, ya sea como funcionario o como proveedor de equipo presuntamente destinado al espionaje.
Esas versiones, hay que decirlo, existen y están circulando en las redes.
El mandatario apuntó, sin ser muy preciso, que su gobierno está investigando el presunto uso de recursos públicos, con peticiones oficiales de información a empresas como Meta, para averiguar el origen y monto del financiamiento.
La acusación es directa. Habrá que ver la respuesta que surge del ayuntamiento ante este señalamiento directo, que por otra parte podría abrir una caja de Pandora, pues contra el gobierno gallardista pesan señalamientos semejantes.
La campaña de la senadora Ruth González Silva, encabezando eventos que en estricto sentido son de índole estatal, cortó las vacaciones de los estudiantes de Tamazunchale.
De manera apresurada, por órdenes de Teresa Cabañas, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en Tamazunchale, escuelas convocaron a padres de familia y alumnos a la entrega de diversos apoyos, desde paquetes escolares hasta tinacos.
Eso sí, con todas las disculpas sobre la interrupción del asueto.
La respuesta oficial sobre las diferencias entre las cifras de homicidios que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), alimentadas por la Fiscalía General del Estado, y el Inegi, está mal enfocada.
La administración estatal afirma que hay una baja de casos en los últimos tres años, y las cifras del Inegi lo corroboran.
Lo que es notorio es la magnitud de las cifras, reportando el Inegi más víctimas de las que reconoce el SNSP.
Y no, el Inegi no registra muertes accidentales en el censo difundido el viernes pasado. Para eso tiene una herramienta específica. En la metodología explica que habla de agresiones premeditadas e intencionadas para causar la muerte, es decir, homicidios dolosos.
Llama la atención que, buscando fundamentar la baja de homicidios, se maneje a los feminicidios de un modo muy particular: achacando estos crímenes a la infidelidad que ocurren "dentro de una casa".
Se insiste en que la administración no puede "cuidar a una persona porque el esposo la encontró con otro".
La admisión es un golpe a los esfuerzos estatales para aminorar la violencia de género en el estado y pondría en entredicho cualquier intento de eliminar la Alerta de Violencia de Género en los municipios en los que aún persiste.
