Signos de ocultamiento CEGAIP: fin indigno
A principios de mes, un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre homicidios dolosos en el país dio pie a una verdad terrible y oscura: durante los 13 años transcurridos entre 2012 y 2024, la diferencia entre las cifras reportadas por el instituto y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nutrida por las estadísticas de las fiscalías estatales, era de casi mil víctimas.
lll
El reporte de una de las instancias más relevantes en el sistema de seguridad pública contabilizaba 914 asesinatos menos que los registrados por el Inegi, basado en actas de defunción y los mismos reportes policiacos.
lll
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el gobierno del estado, la explicación fue que el inegi sumaba accidentes y casos de violencia familiar, presuntamente inevitables porque la autoridad no puede meterse a las viviendas para evitar las agresiones. La metodología del Inegi sobre el reporte derriba el pretexto al señalar que en ese reporte toma en cuenta la figura de homicidio doloso, la agresión planeada y consciente de causarle la muerte a alguien.
lll
Esta situación dejó en el aire la sospecha de que las estadísticas originadas en los estado son manipulados a la baja, para evitarle problemas de imagen a las instancias estatales involucradas y, a la vez, servir como herramienta propagandística para presumir seguridad en un territorio.
lll
Pues bien, ahora surge otra situación, también relacionada con la estadística del SNSP, que también apunta a una manipulación de las cifras.
lll
A fines de julio, un domicilio de Peñasco fue invadido por desconocidos, que abrieron fuego en el interior, matando a tres mujeres, dos hermanas y su madre, mientras que una menor quedó herida.
lll
En las entrevistas hechas a la fiscal Manuela García Cázares sobre el tema, la funcionaria se refirió a que el crimen se investigaría bajo el protocolo de feminicidio.
lll
Sin embargo, a 22 días de registrado el triple crimen, el reporte de incidencia delictiva de ese mes no registra feminicidios en San Luis Potosí. Ni víctimas.
¿La autoridad determinó, en menos de tres semanas, que el ataque no se cataloga como feminicidio? Podfría ser. Sería interesante que la FGE explique cómo llegó a esa conclusión.
lll
El caso, al igual que la discrepancia con el Inegi, amplía la duda sobre si desde los estados, las instancias están generando cifras reales de la criminalidad o se prestan para un inmoral maquillaje de la situación.
lll
Es lastimoso ver cómo termina un organismo que en su momento, y con todos sus asegunes, fue una herramienta que sirvió a los ciudadanos para ejercer el derecho a la información pública.
lll
La CEGAIP acaba como cómplice de unas autoridades mayoritariamente opacas en su constante bloqueo a las solicitudes de información.
lll
Los últimos dos comisionados deberían ser condenados al olvido por prestarse a esas chicanadas.
lll
El caso también advierte un panorama sombrío, sobre todo a nivel estatal, para el derecho a la información: sin órganos autónomos que medio que lo garantice y a expensas de una autoridad que se especializa en ocultar información.
