¿Justicia a puertas abiertas?
Rindieron protesta las 881 personas juzgadoras electas por voto popular, incluidos los nueve ministros de la Corte. Con esto concluye la primera etapa de la renovación de los poderes judiciales en todo el país bajo la promesa de que se atenderá el enorme rezago judicial, se eliminará la corrupción de los tribunales y se garantizará el acceso a la justicia para todos. En voz del ministro presidente Hugo Aguilar, inicia “una reconciliación de la justicia con el pueblo”.
Las primeras medidas tomadas por los nuevos ministros de la Corte han sido más simbólicas que fácticas. Además del copal, los rezos y la ceremonia de purificación, se modificó la imagen institucional con la introducción del bastón de mando en el emblema de la Corte. En todos los discursos públicos, el ministro presidente ha hablado de la importancia de la pluriculturalidad en los criterios, de la visibilidad de nuestros pueblos originarios y ha designado a tres mujeres indígenas en direcciones generales. Paralelamente, se adoptaron medidas de austeridad que buscan “erradicar el dispendio y el nepotismo” y generar ahorros por 800 millones de pesos, un ahorro que, por cierto, aún no se refleja en el paquete económico 2026. De las primeras tareas encomendadas al recién creado Órgano de Administración Judicial está que ningún juzgador gane más que la Presidenta de México. Se reducen apoyos económicos a ministros, se limitan las remuneraciones y pensiones de ministros en retiro, se elimina el seguro de gastos médicos mayores y el seguro por jubilación anticipada. Esta medida es una respuesta a los primeros efectos de la reforma judicial. En octubre del año pasado, 867 juzgadores, es decir más de la mitad e los integrantes del Poder Judicial federal, declinaron participar en el proceso de elección por voto popular. Algunos aprovecharon un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura para que cualquier juzgador con al menos 25 años de trabajo pudiera solicitar una jubilación anticipada para recibir una pensión complementaria no menor al 80 por ciento del salario neto. Todo esto tiene un sentido político que modifica percepciones y condiciones de quienes imparten o impartieron justicia, pero no de quienes buscan acceder a ella. En su discurso, el ministro Aguilar mencionó la relevancia de la academia, la sociedad civil y los colectivos ciudadanos como aliados críticos del quehacer judicial. “Termina la justicia de puertas cerradas, lenta y excluyente para dar paso a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural y transparente”.
De ser cierto, la siguiente tarea tendría que cumplir con el mandato constitucional del derecho a saber para generar un modelo de información que muestre a la sociedad cómo se realizan las compras públicas, cómo se realizan las contrataciones de personal, cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce cada peso del presupuesto y cómo se imparte o deja de impartir justicia en el país. Desde el 1 de septiembre de este año, es el Órgano de Administración Judicial el encargado de definir cómo se manejarán los recursos materiales y humanos de la renovada institución. Se tiene que designar a una autoridad responsable de la política de transparencia y protección de datos personales. Esta autoridad habrá de definir el rumbo de la colaboración social y la apertura institucional. Si realmente se quiere combatir la corrupción, no será cortando salarios, ni quitando derechos laborales que la justicia será más accesible. Se logrará si los tribunales mexicanos actúan con autonomía y deciden impartir justicia a puertas abiertas.
(Investigadora de la UdeG)
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